Diálogos Oaxaca/EDUCA Oaxaca
"Hoy se cumple 1 año exactamente de aquel fatídico día. Sí, aquel día en el que alrededor de 225 mixtecos entre ellos mujeres, hombres, niños y jovencitos salieron huyendo de sus casas porque les quemaron sus viviendas. Personas de la tercera edad que quedaron expuestas entre la cruda realidad de la violencia. Alrededor de 25 viviendas quedaron destruidas. Autos, motocicletas, granos básicos quemados, animales abandonados. Familias que por siglos han habitado esos territorios y que de un momento a otro quisieron borrarles su historia, su vida, su identidad como pueblos originarios” recuerdan hoy habitantes del municipio de Yosondua, quienes denuncian que a un año de estos hechos trágicos, las desplazadas y desplazados de la comunidad de Buenavista continúan viviendo en la azotea del palacio municipal de su municipio pues las autoridades no han presentado avances para un retorno seguro y pacifico que les devuelva la vida en su comunidad.
Desde el pasado 18 de agosto de 2025, en el que un grupo de hombre armados de la comunidad vecina de Santa Maria Yolotepec, irrumpieron violentamente en la comunidad a causa de un conflicto agrario entre esa comunidad y Santiago Yosondúa, denuncian la falta de información oficial por parte de las autoridades, al mismo tiempo señalaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene el caso abierto pero aún no resuelve las medidas cautelares.
Desde entonces los desplazados sobreviven con el apoyo de las autoridades municipales y pobladores que les dan alimentos. Otros se refugiaron con familiares y amigos, y algunos más decidieron emigrar fuera de Oaxaca en busca de trabajo y mejores condiciones para vivir.
Por su parte, Felipe Edgardo Canseco Ruiz, asesor jurídico de las familias desplazadas y coordinador de la Defensoría Popular de Ricardo Flores Magón, acusó “Ya son 12 largos meses en que estas personas fueron desalojadas de sus hogares a balazos con armas de uso exclusivo del Ejército [Mexicano] (…) Y el gobernador de Oaxaca y el secretario de Gobierno de Oaxaca han permitido la absoluta impunidad, que ellos [los pobladores de Santa María Yolotepec] sigan armados ejerciendo la violencia” señaló en un reportaje de El Universal.
“Hoy se cumple 1 año exactamente de aquel fatídico día. Sí, aquel día en el que alrededor de 225 mixtecos entre ellos mujeres, hombres, niños y jovencitos salieron huyendo de sus casas porque les quemaron sus viviendas. Personas de la tercera edad que quedaron expuestas entre la cruda realidad de la violencia. Alrededor de 25 viviendas quedaron destruidas. Autos, motocicletas, granos básicos quemados, animales abandonados. Familias que por siglos han habitado esos territorios y que de un momento a otro quisieron borrarles su historia, su vida, su identidad como pueblos originarios” recuerdan hoy habitantes del municipio de Yosondua, quienes denuncian que a un año de estos hechos trágicos, las desplazadas y desplazados de la comunidad de Buenavista continúan viviendo en la azotea del palacio municipal de su municipio pues las autoridades no han presentado avances para un retorno seguro y pacifico que les devuelva la vida en su comunidad.
Desde el pasado 18 de agosto de 2025, en el que un grupo de hombre armados de la comunidad vecina de Santa Maria Yolotepec, irrumpieron violentamente en la comunidad a causa de un conflicto agrario entre esa comunidad y Santiago Yosondúa, denuncian la falta de información oficial por parte de las autoridades, al mismo tiempo señalaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene el caso abierto pero aún no resuelve las medidas cautelares.
Desde entonces los desplazados sobreviven con el apoyo de las autoridades municipales y pobladores que les dan alimentos. Otros se refugiaron con familiares y amigos, y algunos más decidieron emigrar fuera de Oaxaca en busca de trabajo y mejores condiciones para vivir.
Por su parte, Felipe Edgardo Canseco Ruiz, asesor jurídico de las familias desplazadas y coordinador de la Defensoría Popular de Ricardo Flores Magón, acusó “Ya son 12 largos meses en que estas personas fueron desalojadas de sus hogares a balazos con armas de uso exclusivo del Ejército [Mexicano] (…) Y el gobernador de Oaxaca y el secretario de Gobierno de Oaxaca han permitido la absoluta impunidad, que ellos [los pobladores de Santa María Yolotepec] sigan armados ejerciendo la violencia” señaló en un reportaje de El Universal.
El abogado advierte que las familias desplazadas de Buenavista viven una tragedia humanitaria en la que hay una ausencia del Estado de derecho, la imposición de poderes fácticos, muchas veces vinculados al crimen organizado.
Señala, que las personas desplazadas de Buenavista están a la intemperie y se enfrentan a las lluvias y al intenso frío que caracteriza a la región Mixteca, lo que deja vulnerable a las familias, infancias y personas de la tercera edad a enfermedades; en este año, dos personas de la tercera edad murieron por las condiciones en que viven.
También, asegura, se ha violentado el derecho a la educación de los menores de edad y el acceso a la salud de la comunidad desplazada “El derecho a la educación fue roto porque la escuela que funcionaba en Buenavista no han podido hacer que funcione en un lugar distinto, donde sigan siendo educados [los menores]. Al dispersarse algunas de las familias, los niños también están dispersos, encargados con familiares cercanos cuando se va alguna de las personas que tienen que ganarse la vida, y desde luego que las condiciones de salud también son complejas”, señala Felipe Canseco.
Por último, denuncio que durante los primeros días del desplazamiento forzado, la Coordinación para la Atención de Derechos Humanos (CADH) del gobierno de Oaxaca presumió en fotos y redes sociales la entrega de despensas, las cuales se hicieron sólo en dos ocasiones y las despensas que entregaron no alcanzaban ni para cubrir las necesidades de dos días.
