Diálogos Oaxaca
Integrantes del Comité de Víctimas de Huazantlán del Río, en el zócalo de la capital oaxaqueña denunciaron una escalada de hostigamiento, amenazas, agresiones físicas y verbales contra sobrevivientes, familiares y miembros de su organización.
En una manifestación pacífica frente a las puertas del palacio de gobierno, denunciaron que las presuntamente amenazas y hostigamiento son cometidas por personas vinculadas con Camerino Dávalos y Raúl Rangel González, por lo que exigieron la intervención urgente de las autoridades del estado para garantizar su seguridad e integridad física.
Mediante un pronunciamiento, señalaron que las agresiones se intensificaron después de la sentencia emitida el pasado 13 de octubre por el Segundo Tribunal de Enjuiciamiento de Oaxaca, en la que se acreditó la participación de Inocencio Irrizari en los delitos de homicidio calificado y feminicidio, relacionados con la masacre ocurrida el 21 de junio de 2020, en la comunidad ikoots de Huazantlán del Río, San Mateo del Mar, donde fueron asesinadas dos mujeres y 13 hombres.
Como hecho reciente, denunciaron que, mientras se desarrollaban las audiencias del proceso judicial contra el implicado, sus compañeras que mantienen un puesto de denuncia en el Jardín Antonia Labastida, en la ciudad de Oaxaca, fueron agredidas física y verbalmente por un sujeto que, al ser confrontado, manifestó ser familiar de Raúl Rangel. Además de las agresiones, el individuo habría ocasionado daños al espacio que utilizan para difundir información y mantener viva la memoria de las víctimas.
El Comité sostuvo que, a partir de la resolución judicial, se ha intensificado una campaña de desprestigio, calumnias y criminalización contra sobrevivientes y familiares en San Mateo del Mar, particularmente mediante publicaciones en redes sociales que, afirmaron, reproducen narrativas de confrontación similares a las que precedieron a la masacre.
Asimismo, rechazaron los señalamientos contra su compañero Jorge Arroyo, a quien pretenden vincular con los hechos del 21 de junio de 2020. Aseguraron que desde las primeras horas posteriores a la masacre ha acompañado a las víctimas y participado en la exigencia de justicia, por lo que calificaron estas acusaciones como intentos de criminalizar la organización y la defensa de la memoria.
En su pronunciamiento, también expresaron preocupación por la presunta intervención de personas vinculadas con la Secretaría de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Gobierno de Oaxaca, al considerar que se estaría distorsionando la verdad y desacreditando la protesta social. En particular, señalaron a Raúl Rangel González, quien actualmente ocupa la Jefatura de la Unidad Jurídica de dicha dependencia, y lo acusaron de tener responsabilidad intelectual en la masacre, señalamientos que forman parte de su denuncia pública.
Ante el riesgo que aseguran enfrentan los integrantes del Comité, hicieron un llamado a organizaciones sociales, democráticas y defensoras de derechos humanos para mantenerse atentas a la situación, pues advirtieron que las amenazas presuntamente han llegado hasta los domicilios de sus compañeros y compañeras.
Finalmente, exigieron a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, a la Fiscalía General del Estado y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la emisión inmediata de medidas de protección para garantizar la vida y seguridad de las víctimas y sus familiares.
El Comité responsabilizó públicamente a Camerino Dávalos y Raúl Rangel González de cualquier agresión que pudiera sufrir alguno de sus integrantes y advirtió que no abandonará su exigencia de justicia por la masacre de Huazantlán del Río, al sostener que ni la violencia ni la intimidación detendrán su lucha.
