Diálogos Oaxaca/REDES
Se cumple un año del asesinato del estudiante de la Universidad Anáhuac Oaxaca, Diego Ignacio Paz y las Fiscalías del Estado y Anticorrupción mantienen impune al presidente municipal de Santa Lucía del Camino, Juán Caarlos García Márquez, pese a su responsabilidad como jefe máximo de la Policía Municipal de la citada demarcación, con ello la falta de acción judicial evidencia la protección que, se denuncia, le otorga el gobernador Salomón Jara Cruz.
En respuesta a esta impunidad, el diputado local por el Partido del Trabajo (PT), Dante Montaño Montero, anunció que solicitará un juicio político contra el presidente municipal García Márquez por la ejecución extrajudicial del joven estudiante de la Universidad Anáhuac Oaxaca ocurrida bajo la responsabilidad del alcalde García Márquez. El legislador denuncia que no se puede tolerar la protección a los responsables de este crimen atroz.
Para Montaño, es inconcebible que el alcalde haya amparado a los policías y titulares de la corporación de seguridad pública que asesinaron a Diego, un estudiante sobrio que no había consumido alcohol. Este operativo alcoholímetro terminó en tragedia, y el edil parece priorizar la defensa de sus subordinados por encima de la justicia y la verdad sobre los hechos.
El diputado condenó que García Márquez difundiera información falsa, alegando que el joven estaba ebrio y que había atropellado a policías. Estas mentiras culminaron en el homicidio de Diego y en graves heridas a su acompañante. Tales afirmaciones no solo distorsionan la realidad, sino que agravan el dolor de las familias y obstaculizan las investigaciones.
La noche del 30 de agosto de 2024, Diego Ignacio Paz y su compañero viajaban en un vehículo cuando policías les ordenaron bajar en un retén. Ante la prepotencia de los agentes, Diego evadió el alcoholímetro, estacionó el auto y ambos intentaron huir a pie. Los policías dispararon, matando a Diego, mientras torturaban al otro joven sobre un techo que se derrumbó.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) confirmó que la muerte de Diego fue una ejecución extrajudicial y que su acompañante sufrió tortura. Los peritajes revelaron que ninguno estaba alcoholizado ni había consumido drogas. Además, el gobierno municipal no ha iniciado procedimientos administrativos contra los agentes involucrados, perpetuando la impunidad.
