LA JORNADA
La embajada de Reino Unido en México reconoció este viernes la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con la que se revocó la sentencia que absolvió y permitió la liberación de Jhoan Ricardo Matus Marcial, ex consejero jurídico del Ayuntamiento de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, condenado a 50 años de prisión por la desaparición forzada de la defensora de derechos humanos Claudia Uruchurtu.
En redes sociales, la sede diplomática británica subrayó que la determinación del máximo tribunal del país establece criterios apegados a derechos humanos, en participar en materia de desaparición forzada.
“La Embajada reconoce la importancia de la reciente sentencia de la Suprema Corte en el caso de Claudia Uruchurtu, en donde además se establecen criterios basados en derechos humanos para los casos de desaparición forzada”, puntualizó la representación del Reino Unido.
Esta posición se da 11 días después de la sentencia de la Corte, que el lunes de la semana pasada tomó dicha determinación referente a este emblemático caso de desaparición forzada, donde la familia de la activista desaparecida ha inclusive responsabilizado de encubrimiento al gobernador de Oaxaca, Salomón Jara.
Por unanimidad de ocho votos, el pleno de la SCJN aprobó el proyecto del ministro Arístides Guerrero García, promovido por la familia de Uruchurtu, contra la liberación del ex funcionario señalado por la Fiscalía de Oaxaca –junto con la entonces alcaldesa Lizbeth Victoria Huerta– responsable de la desaparición de la activista, ocurrida el 27 de marzo de 2021 tras una protesta y que permanece sin ser localizada.
Matus Marcial quedó en libertad el 21 de agosto pasado por decisión de un tribunal colegiado, que consideró insuficientes las pruebas más allá del dicho de un testigo.
La Corte revocó esa resolución al señalar que se ignoraron los riesgos especiales que enfrentan las mujeres activistas en contextos de corrupción y abuso de poder.
El argumento central del ministro ponente fue que se debía revocar la resolución que absolvió al ex funcionario acusado y devolver el asunto al tribunal colegiado "para que realice un escrutinio judicial especializado con perspectiva de género e interseccionalidad, y emita de esta manera una nueva decisión conforme a derecho”.
Como publicó La Jornada la semana pasada, con esta decisión, el máximo tribunal del país estableció estándares obligatorios para que los jueces valoren casos de crímenes de lesa humanidad contra personas defensoras, aplicando una perspectiva de género e interseccionalidad, es decir, considerando cómo diferentes formas de discriminación y desigualdad afectan de manera simultánea a la víctima.
