Diálogos Oaxaca
En el marco del tercer aniversario del asesinato del activista Tomás Martínez Pinacho, organizaciones sociales, encabezadas por la comisión política e integrantes del Frente Popular Revolucionario (FPR), reiteraron al gobierno del estado y a la Fiscalía General de Oaxaca, la exigencia de justicia y recordaron que “Tomás luchó por mejores condiciones de vida, estudio y trabajo”.
Frente a las puertas del palacio de gobierno, la organización social hizo un recuento del trabajo realizado por el extinto dirigente de la Sierra Sur y miembro del Comité Estatal del FPR, además de ser “un personaje de carácter fuerte al reivindicar la solución de las necesidades de la población, pero amable con quienes convivía”.
Al fijar su posicionamiento, los integrantes de la organización recordaron que Tomás formó parte del Comité de Salud que gestionó el primer carro de basura en Miahuatlán de Porfirio Díaz; participó activamente en el 2006 en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca del que fue concejal; del 2013 al 2016 participó activamente en apoyo a la CNTE en su lucha contra la mal llamada reforma educativa; en el 2015 estuvo presente en el boicot electoral que acordó el movimiento popular ante la falta de democracia en México.
“Fue férreo impulsor de la declaratoria de Miahuatlán como territorio libre de minería y megaproyectos; en el 2012 organizó diversas actividades para denunciar y oponerse a la instalación del Penal federal en Mengoli de Morelos, anticipando las consecuencias que ello traería para el pueblo de Miahuatlán, como centro de concentración de la delincuencia organizada”.
Así también refieren que “Tomás luchó por mejores condiciones de vida, estudio y trabajo para los trabajadores del campo y la ciudad, ello siempre incomodó a los caciques y sectores de la burguesía; Tomás fue un auténtico dirigente social y su asesinato es un crimen de Estado”.
A tres años de su asesinato, sus compañeros reconocen que ha sido complicado el proceso para que se haga justicia, toda vez que tanto la fiscalía del estado, como los representantes de los tribunales, juegan un papel de mediatizadores de la justicia”.
A tres años de los hechos, una persona ha sido enjuiciada, pero “ese pequeño avance ha sido gracias a la movilización popular del FPR y de las organizaciones sociales que les han acompañado en esta lucha”. Por ello es que a ocho meses de la administración estatal, la cual encabeza Salomón Jara Cruz, “no hemos visto ningún avance para esclarecer totalmente en el caso y el castigo a los autores materiales e intelectuales”, por esta razón no descartan que en el marco del Tercer aniversario de su asesinato, el 24 de agosto, realizarán diversas actividades políticas, sociales y culturales.
