Francisco RAMÍREZ
A una semana de haber iniciado el municipio de Oaxaca de Juárez con un acordonamiento del Centro Histórico, para impedir el acceso del comercio informal, en busca del reordenamiento del mismo, organizaciones de vendedores con discapacidad, así como boleros, reclaman su derecho al trabajo y acusan al gobierno de la ciudad de burlas y engaños.
Godofredo Solís Calixto, representante legal de la asociación de Discapacitados por una Integración de Oaxaca A.C, junto a sus agremiados marcho por calles de la ciudad para reclamar al presidente municipal, Oswaldo García Jarquín, el incumplimiento del compromiso de autorizarles ocho permisos para vender en el centro Histórico.
Indicó que fueron víctimas de un engaño al otorgárseles un “tarjetón de tolerancia”, por lo que hoy su exigencia es el derecho al trabajo, recordando que respetan las decisiones que toma el Cabildo, sabedores que el centro Histórico se ha convertido en un mercado, pero no es culpa de ellos, sino de los líderes que han vendido las calles.
Reconocieron que la ciudad es Patrimonio Cultural, pero ellos son ambulantes que caminan las calles de la ciudad, a diferencia de las agrupaciones que invaden la vía pública con puestos semifijos.
Exigieron que Oswaldo García Jarquín, cumpla con su palabra, porque les prometió permisos para no ser molestado por los inspectores, pero en este momento no se les deja entrar a su área de trabajo.
Insistió que lo único que piden es que se respete el derecho al trabajo de las personas con discapacidad a quienes se les niega el acceso al zócalo y la Alameda, sufriendo la agresión de los policías municipales.
Solís Calixto recordó que en administraciones pasadas ha reclamado el respeto para las personas con discapacidad, pero desgraciadamente hoy siguen siendo víctimas del abuso de autoridad y la discriminación.
“Lo único que pedimos en este momento es que se nos deje trabajar, caminando, no ocupando un espacio del patrimonio cultural. No somos de las organizaciones que han tomado por asalto las calles sin ser de Oaxaca, porque vienen del estado de Guerrero y Chiapas”.
Reiteró que hicieron pagos al municipio por concepto de un permiso, el cual hoy no lo es y son sólo “tarjetones de tolerancia”, los cuales les costaron mil 400 pesos por persona.
“No queremos más agresiones, tenemos necesidad”, dijeron.
También reclamaron a la delegada de Bienestar, Nancy Ortiz Cabrera, la falta de apoyo, toda vez que hay integrantes de la Asociación, los cuales han sido tratadas “con el pie” por parte de los llamados “Servidores de la Nación” y quienes les han negado el derecho a obtener los beneficios que otorga la dependencia.
