La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) realiza imputación y solicita vinculación a proceso en contra de E.J.B.Z., por el delito de homicidio culposo por omisión, quien se desempeñaba como Jefe de Departamento de Servicios Generales de la Casa Hogar “Patos”, centro de tránsito adscrito al Sistema DIF Estatal, lugar donde perdieron la vida dos niñas de origen haitiano. Los hechos se registraron el pasado 24 de febrero.
De acuerdo con la carpeta de investigación de la Fiscalía de Oaxaca, las víctimas eran niñas en contexto de movilidad y bajo resguardo institucional, lo que implicaba un deber reforzado de cuidado por parte de quienes tenían a su cargo su seguridad. En ese sentido, el imputado ostentaba la calidad de garante respecto a la integridad física y la vida de las menores, especialmente desde una perspectiva de género y de protección integral de la infancia.
Con base en lo establecido en el Código Penal Vigente para el Estado de Oaxaca, el delito que se atribuye corresponde a homicidio culposo por omisión, que se configura cuando una persona obligada legal o contractualmente a proteger no actúa para evitar un resultado lesivo, pese a tener la posibilidad real de hacerlo. Las indagatorias establecen que el imputado contaba con capacidad física y material para intervenir, sin embargo, su inactividad permitió la consumación de los hechos.
Tratándose de niñas, niños y adolescentes —especialmente en situación de vulnerabilidad por su condición de extranjeras y bajo tutela institucional— la FGEO garantiza el interés superior de la niñez durante el proceso legal.
Además, las investigaciones ministeriales se ampliaron para considerar todas las aristas para determinar si existe más personas que tengan algún tipo de nivel de responsabilidad en estos hechos.
RESPONSABLE POR ABANDONO
Como parte de las acciones de procuración de justicia en favor de mujeres, niñas, niños y adolescentes, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo una sentencia condenatoria de 65 años de prisión en contra de un hombre identificado como Wilber A.C., por su responsabilidad en los delitos de abandono de personas en su modalidad agravada por homicidio calificado, así como abandono de personas, en agravio de tres menores de edad, sus hijos, en hechos ocurridos en la región del Istmo de Tehuantepec.
De acuerdo con la causa penal, el delito de abandono de personas en su agravante de homicidio calificado se cometió en perjuicio de una niña y un niño, mientras que el delito de abandono de personas se configuró en agravio de otro menor de edad.
Las investigaciones establecen que los primeros hechos ocurrieron en septiembre de 2018, cuando las víctimas -de 9, 8 y 6 años de edad- quedaron bajo el cuidado de su padre, tras llegar a vivir a un domicilio ubicado en la calle Demetrio López, en la colonia Fidel Peña, Octava Sección, en el municipio de Juchitán de Zaragoza.
Posteriormente, el ahora sentenciado abandonó a sus hijos en dicho inmueble, desentendiéndose de sus obligaciones de cuidado, originando que los menores de edad se dedicaran a la venta de frituras en la vía pública durante largas jornadas y sin la supervisión de un adulto responsable.
En febrero de 2023, los tres menores salieron de su domicilio, para realizar sus actividades cotidianas; sin embargo, únicamente uno de ellos regresó. El padre no reportó la desaparición ni emprendió acciones de búsqueda.
El 18 de febrero de 2023, la niña y un niño fueron localizados sin vida en inmediaciones del municipio de El Espinal, en la región del Istmo de Tehuantepec.
A partir que se tuvo conocimiento del caso, la Fiscalía de Oaxaca, a través de la Unidad de Género, adscrita a la Vicefiscalía Regional del Istmo, realizó diversos actos de investigación que permitieron acreditar que Wilber A.C. no proporcionó condiciones básicas de bienestar a sus hijos, tales como alimentación, educación, esparcimiento y un entorno libre de violencia, pese a tener conocimiento de las condiciones precarias en las que vivían, en un espacio insuficiente para el número de personas que habitaban dicho domicilio.
En audiencia, y tras el desahogo de pruebas presentadas por la Fiscalía de Oaxaca, el Juez dictó sentencia condenatoria de 65 años de prisión, además de imponer el pago por concepto de la reparación del daño.
