Diálogos Oaxaca
Con 34 votos, integrantes del Congreso del Estado aprobaron la declaratoria del Día de la Solidaridad con las Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos en el Estado de Oaxaca, mismo que se celebrará el 26 de Septiembre de cada año.
Al respecto Analy Peral Vivar, diputada presidenta de la Comisión y Administración de Justicia, motivo la aprobación y señaló que el dictamen que la comisión permanente de culturas y artes puso a consideración del pleno, es un acto de justicia y de memoria histórica.
“Su objetivo es declarar el 26 de septiembre de cada año como el día de la solidaridad con las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el estado de Oaxaca”.
En este sentido reconoció la visión, la sensibilidad y la empatía de la comisión dictaminadora por la presentación de este dictamen, “ya que muchos hablamos de los derechos de las víctimas; pero en realidad pocos actuamos para materializarlos”.
“Hablar de derechos humanos es hablar del fundamento mismo de nuestra democracia; sin embargo, no podemos ignorar que en nuestra historia reciente persisten heridas abiertas por violaciones graves que han marcado la vida de miles de familias oaxaqueñas. Me refiero, entre otros, a los actos de tortura, las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada que son crímenes que atentan contra la esencia misma de la dignidad humana”.
Asimismo, puntualizó sobre el por qué la fecha del 26 de septiembre.
“Esta fecha no es al azar ni responde a ningún cálculo político ni mediático. Nos remite a uno de los hechos que más han estremecido la conciencia nacional e internacional: la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 y aunque esos sucesos ocurrieron en un estado vecino, representan un agravio para todos los mexicanos y simbolizan el dolor que cientos de víctimas en Oaxaca también han padecido”.
Peral Vivar recordó las cifras, las cuales son contundentes.
“Entre 2012 y 2024, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió 173 recomendaciones por violaciones graves a los derechos humanos, y al menos siete de ellas vinculadas a hechos ocurridos en Oaxaca. Por su parte, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió en 2024 al menos 6 recomendaciones por hechos de graves violaciones a los derechos humanos, 10 en 2025 y 2 en lo que va del 2026”.
Así también puntualizó: “Estos números no son estadísticas abstractas: son personas, familias, y comunidades que resintieron un daño proveniente de la actuación u omisión de una autoridad que forma parte del estado mexicano”.
De la misma forma dijo que éste dictamen tiene como centro el derecho de las víctimas, quienes durante mucho tiempo han sufrido el abuso del poder, han sido invisibilizadas por las instituciones, por lo que con este decreto se buscan tres cosas concretas:
- Primero, honrar a quienes han padecido estas violaciones y reconocer su derecho a la memoria como una exigencia de justicia, no como un gesto simbólico.
- Segundo, generar conciencia en todas las autoridades sobre la magnitud del daño causado y la responsabilidad de evitar que se repita.
- Tercero, consolidar una cultura de solidaridad, entendida como un valor fundamental para la convivencia y la lucha contra la impunidad.
“La reforma constitucional del año 2011 impuso a todas las autoridades del estado mexicano la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Esa obligación incluye prevenir violaciones, investigar los hechos, sancionar a los responsables y asegurar la reparación integral a las víctimas”, recalcó.
Por eso, argumentó la representante popular por el Distrito IV en la Sierra de Flores Magón, “el Día de la Solidaridad con las Victimas es un mecanismo para situar esas obligaciones en el primer plano de la agenda estatal y para transmitir a las generaciones futuras un legado en el que imperen la justicia, la paz y el bien común”.
Finalmente, y bajo estas consideraciones, hizo un llamado a demostrar que, como legisladoras y legisladores, tienen un compromiso real con la dignidad de las víctimas y que, más allá de las posturas políticas, esta legislatura está actuando para que no se repitan en Oaxaca hechos como los ocurridos en 2006 con la APPO o en 2016 en Nochixtlán, episodios que vulneraron gravemente los derechos humanos y cuyas heridas permanecen abiertas.
