Diálogos Oaxaca/FOTO: Estación Foto
Habitantes de San Martín Peras, Juxtlahuaca, informaron este jueves que el conflicto político social que se vive en la comunidad, se agudizó. Ahora son 15 las personas retenidas en la cárcel municipal, entre ellas 3 mujeres, así como policías y funcionarios de la Secretaría de Bienestar.
La tarde del miércoles el grupo de ciudadanos azuzados por Elpidio Ramírez Morales, aspirante a la presidencia municipal de la comunidad, decidieron detener a funcionarios de la Secretaría de Bienestar y con ello ejercer presión para que las autoridades atiendan la problemática y lancen la convocatoria correspondiente para llevar a cabo la elección municipal.
De acuerdo con la versión ofrecida por pobladores, los funcionarios de la Secretaría de Bienestar habían acudido a la población a realizar el pago bimestral de las becas a adultos mayores, discapacitados y agricultores.
Además de los servidores públicos, detuvieron a los policías que los apoyaban y a la esposa del mayordomo, Sofía Cruz González.
El regidor de Educación, Braulio González, confirmó que la esposa del presidente y su suegra, Guadalupe Ortiz Salvador de 72 años y Marcelina Vega Ortiz de 50 años de edad, permanecen en la cárcel de la comunidad.
El primer promotor de este conflicto, señalado por la misma comunidad, es Elpidio Ramírez Morales, quien se ha desmarcado de los hechos, acusando que es la misma comunidad quien en asamblea decidió el apresar a los familiares del presidente municipal, Román Juárez Pérez, el tomar acciones para forzar que la autoridad entregara la convocatoria para la elección de concejales.
De acuerdo con versiones ofrecidas por el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, se explica que las dos mujeres indígenas mixtecas, la esposa de Román Juárez Pérez es retenida en la cárcel municipal y la otra se encuentra voluntariamente para acompañar a su nuera.
Con ello aclaró que el tema no está vinculado a ningún tipo de acción de delincuencia, explicó que con base a los reportes de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), la situación se originó ante la negativa por parte del Presidente Municipal actual, cuya población se rige por el Sistema Normativo Indígena (SNI), de lanzar la convocatoria para la elección de la nueva autoridad.
