Diálogos Oaxaca
Con el interés de llevar a cabo el cumplimiento del proceso de restitución de los límites territoriales del estado de Oaxaca y la entidad vecina de Chiapas, pobladores de Santa María y San Miguel Chimalapas se encuentran constituidos en asamblea permanente y en ella, mantienen “arraigado” al secretario de gobierno Jesús Romero López y representantes de la Procuraduría Agraria, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, entre otros servidores públicos.
Los pobladores, quienes en un comunicado se dijeron “burlados” por el gobierno del estado, al no cumplir el fin de semana con el acuerdo firmado de llevar a cabo una asamblea con la presencia del gobernador Salomón Jara Cruz, para atender el proceso de los avances existentes sobre el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a la controversia de límites territoriales con Chiapas.
Ante dicho incumplimiento los habitantes chimas dieron un ultimátum al gobierno del estado para que el gobernador hiciera presencia en la comunidad en un lapso de 72 horas, mismo que se cumplió este martes, por lo que, al no cumplirse, esta sería la razón por la que se retuviera al Secretario de Gobierno.
Aun cuando de manera oficial ha sido confirmada la retención de Romero López, fuentes de la región han dado por hecho la situación, toda vez circulan imágenes y mensajes desde la comunidad de Santa María Chimalapas donde autoridades municipales y agrarias llevan a cabo una asamblea general permanente.
En dicha asamblea aparecen los representantes del gobierno, aunque no se establecen las condiciones para su liberación, los pobladores de Santa María y San Miguel Chimalapa exigen el cumplimiento del Artículo 28 Constitucional, párrafo Séptimo, conforme a la sentencia que emitió la SCJN sobre la controversia Constitucional 121/2012, de límites territoriales entre Oaxaca y el estado de Chiapas.
La sentencia fue publicada el 25 de marzo en el Diario Oficial de la Federación, por lo que exigen se cumpla esta delimitación, a la cual la autoridad ha concedido para la declaratoria de límites territoriales, un plazo de 30 meses siguientes a la notificación del resolutivo a los Congresos de los Estados de Oaxaca y Chiapas.
