Juan Carlos MEDRANO
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Oaxaca, diputado de Morena, Horacio Sosa Villavicencio busca desaparecer del Palacio Legislativo de San Raymundo Jalpan, todo rastro del ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz y de quien fuera presidente de la Gran Comisión del Poder Legislativo, Bulmaro Rito Salinas.
El también coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la 64 Legislatura, presentó un punto de Acuerdo mediante el cual el pleno instruye a la Secretaría de Asuntos Administrativos de la Cámara de Diputados, “el retiro inmediato de las placas conmemorativas que contengan los nombres del ex Gobernador Ulises Ruiz Ortiz y del ex Presidente de la Gran Comisión Bulmaro Rito Salinas”.
Hoy, en el Palacio Legislativo de San Raymundo Jalpan existen dos placas conmemorativas con el nombre del entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz, una de ellas junto con el de Bulmaro Rito Salinas, La primera placa, de marzo de 2006, está ubicada en el exterior del edificio administrativo. La segunda a la entrada del recinto legislativo.
El Presidente de la Jucopo consideró que ambas placas “representan una afrenta a la memoria histórica del pueblo”.
Además, dijo, las placas conmemorativas no tienen razón de ser, pues la primera es por la entrega del Palacio Legislativo y la segunda por la entrega del recinto. En ambas se establece que fue el propio Ulises Ruiz Ortiz quien realizó dicha entrega, como si fuese una graciosa concesión de ese gobernante, y no hubiese sido realizada mediante la inversión del dinero del pueblo, y los presupuestos no hubiesen sido mandatados por el propio Congreso del Estado.
Recordó que “en 2016, la Comisión de la Verdad entregó a la sociedad un informe titulado “Ya sabemos. No más impunidad en Oaxaca”, donde documenta y denuncia las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en 2006 y 2007 durante el conflicto sociopolítico en la entidad. El informe precisa que en ese conflicto se impusieron intereses políticos para cometer las graves violaciones a los derechos humanos”.
Cita que en el informe, la Comisión de la Verdad reitera que Ruiz Ortiz es responsable de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el conflicto sociopolítico de 2006-2007, derivadas de la ingobernabilidad, por lo tanto hay una responsabilidad de Estado.
Denuncia que, con base al informe, “la tortura fue sistemática y generalizada, dado que el tiempo que duró el conflicto hubo una frecuencia casi diaria de detenciones acompañadas de esta práctica. Por lo anterior se puede presumir la existencia de crímenes de lesa humanidad”.
Abunda que con base a la Comisión de la Verdad, al menos 33 periodistas, comunicadores o miembros de medios de comunicación fueron agredidos físicamente, algunos en más de una ocasión, además de la ejecución, entre octubre y diciembre de 2006, de Bradley Roland Will y Raúl Marcial Pérez. La Comisión también destaca la existencia de 373 víctimas, sin incluir a familiares ni a otros afectados que por diversas razones no se han presentado a declarar ante ninguna instancia.
Destaca que uno de los cómplices de Ulises Ruiz en ese proceso, fue el operador político Bulmaro Rito Salinas, integrante del equipo más cercano del entonces gobernador conocido como “la burbuja”. “Como presidente del Congreso, avaló la represión contra el movimiento social de 2006 y 2007. Después fue coordinador del Comité de Planeación para el Desarrollo (Coplade), desde donde manejó a su antojo el dinero del pueblo. El 10 de julio de 2014, agentes estatales de investigación detuvieron a Rito Salinas, acusado del delito de peculado por daño patrimonial en perjuicio del gobierno del estado. Días antes, la Contraloría local había informado que la administración estatal inhabilitó al político priista por dos periodos de 15 años”.
Recordó que, en diciembre de 2011, la entonces secretaria de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, Perla Woolrich Fernández, reveló que el daño patrimonial causado por el gobierno de Ruiz Ortiz fue de 4 mil millones 971 mil pesos, según concluyeron las 45 auditorías practicadas únicamente respecto del año 2010.
