Diálogos Oaxaca
A iniciativa de la diputada Analy Peral Vivar, presidenta de la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia en la LXVI Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, se propone la creación de la Policía Cautelar, unidad policial que deberá operar bajo protocolos estrictos de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).
Durante su exposición ante el pleno del legislativo, la representante popular por el Distrito 04, con sede en la Sierra de Flores Magón, expuso que en el estado, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca tiene la facultad para solicitar a las autoridades competentes que se tomen todas las medidas cautelares necesarias y efectivas para evitar daños irreparables a las personas en riesgo.
“Las medidas cautelares constituyen una herramienta esencial para garantizar la protección de los derechos humanos”
En este sentido indicó que la DDHPO ha emitido durante los últimos años cientos de medidas cautelares, como un mecanismo para atender situaciones de urgencia como las que enfrentan defensores de derechos humanos, periodistas, mujeres, pueblos indígenas, personas desplazadas entre otros grupos en situación de vulnerabilidad.
Sin embargo, expuso Analy Peral Vivar, existe un desafío crítico en esta materia, que es la implementación efectiva de estas medidas, toda vez que en algunos casos las medidas cautelares, para su ejecución, requieren la intervención y colaboración de las instituciones de seguridad pública para otorgar la protección policial con fines de vigilancia en el domicilio o el lugar de trabajo de las víctimas.
En muchos de los casos, dijo, las personas beneficiadas de las medidas cautelares expresan desconfianza hacia los cuerpos de seguridad encargados de protegerlas, ya que lamentablemente, en algunos casos, los propios elementos policiales han estado involucrados en violaciones a derechos humanos, esta situación genera miedo e incertidumbre.
Es por ello, al no contar en Oaxaca con policías especializados para implementar las medidas cautelares, pues no se ha tenido el cuidado que los elementos de esta tareas cuenten con la debida capacitación en materia de derechos humanos, perspectiva de género y atención a víctimas.
A esto, sumó el hecho de que nunca ha sido preocupación ni de la DDHPO ni de los propios mandos policiales el verificar que los policías encargados de implementar las medidas cautelares no cuenten con antecedentes de conductas contrarias a los principios que deben de proteger.
Ante ello, Peral Vivar presentó ante el legislativo del estado una iniciativa que plantea la creación de una policía cautelar en el estado de Oaxaca, el cual será un grupo especializado de policías dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana diseñado específicamente para ejecutar y dar seguimiento a las medidas cautelares emitidas para parte de la DDHPO o un ministerio público conforme a lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales.
“Quienes integren este grupo especializado de la policía cautelar, deberán de cumplir con requisitos estrictos, como el no contar con antecedentes penales en delitos dolosos; no haber participado o propiciado actos generadores de violaciones a los derechos humanos; no tener antecedentes de actos de violencia de género y estar capacitados en materia de derechos humanos, atención a víctimas y perspectiva de género”.
Esta iniciativa plantea, reiteró la presidente de la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia, que la policía cautelar debe de operar bajo un protocolo claro y estricto operado por la DDHPO y distinguirse por el uso de uniformes y vehículos diferenciados que inspiren confianza y seguridad de las personas cauteladas.
“La creación de una policía cautelar, deberá de garantizar que las medidas cautelares que se requieran la intervención de cuerpos de seguridad pública se implemente con profesionalismo, eficacia y respeto irrestricto a los derechos humanos”.
Finalmente, dijo, este cuerpo especializado será un pilar fundamental para proteger la vida y la integridad de las personas que denuncien violaciones a los derechos humanos, asegurando con ello que las medidas cautelares cumplan con su propósito y evitar con ello daños irreparables.
