Diálogos Oaxaca
Abogada y familiares de Juan Antonio Vera Carrizal, demandaron al poder judicial del estado, como al juez Sexto de Distrito, dar cumplimiento al amparo federal en el cual se solicita desestimar pruebas acusatorias con las cuales se reclasificaría el delito que se le imputa y responsabiliza de la agresión a la saxofonista María Elena Ríos.
A dos años de haber dado inicio el proceso, la parte legal puntualizó que derivado de la vinculación a proceso por el delito de tentativa feminicidio, se pidió el amparo y de la justicia federal y el juzgado de distrito emitió una resolución y en esta ordena, en específico a la Sexta Sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que no tome en consideración ciertos datos de prueba otorgados por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).
De esta manera legal se dictó una nueva resolución, por lo que al no tomar en cuenta estos datos de prueba, se estaría reclasificando el delito y estaríamos en presencia del delito de lesiones calificadas, pero no de tentativa de femenicidio.
Ante esta nueva resolución, la defensora de Vera Carrizal señaló: “la justicia no puede estar bajo presión política ni al servicio de los intereses de unos cuantos, sobre todo, porque la justicia federal es la que está determinando que las salas del poder judicial de Oaxaca se encuentran en un error y los datos de prueba que no deben de tomarse en cuenta para resolver no deben ser admitidos.
En este sentido expresó que a Juan Antonio, en todo momento, le respalda el principio de presunción de inocencia, además de que no ha sido juzgado y no existe una sentencia condenatoria en su contra.
“En este sentido, incluso, no se le debe tratar como responsable de las posibles lesiones calificadas por las cuales hoy se encuentra detenido”, subrayó.
También la abogada defensora dijo es importante también señalar que su cliente ha sido víctima de una persecución, que no solo ha sido en contra de Juan Antonio, sino de su familia.
“En este proceso se ha iniciado carpetas de investigación por abuso sexual contra personas que realizaron cateos, violentaron derechos humanos en contra de menores de edad y adolescentes, lo cual es muy grave para la fiscalía e incluso también para el Poder Judicial del Estado”.
Manifestó que lo que se quiere es que se aplique la ley, que se interprete de manera correcta y avanzar hacia una mejor administración de justicia.
“Queremos un trato digno de la presunción de inocencia, pedimos que la Sexta Sala Penal resuelva y dé cumplimiento a la sentencia emitida por un juez de distrito. Que de manera irrestricta resuelva y no se tomen en cuenta los datos de prueba que fueron emitidos por la fiscalía de manera ilegal. De no hacerlo, no hay justicia pronta ni expedita y muy probablemente, un inocente este siendo detenido de manera arbitraria”.
