En relación con la instrucción girada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el
día de hoy en su conferencia de prensa, Petróleos Mexicanos (PEMEX) informa que, desde el 26
de julio de 2021, se le notificó a la empresa Vitol que dado su negativa de proporcionar los nombres
de las personas involucradas en los actos de corrupción que fueron materia del Acuerdo de
Enjuiciamiento Diferido celebrado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos de América,
el 3 de diciembre de 2020, se decidió no llevar a cabo negociación alguna con este grupo comercial.
Aunado a lo anterior, desde diciembre de 2020 PEMEX notificó a Vitol la rescisión del contrato de
suministro de etano celebrado en junio de 2018, siendo este el contrato más relevante en el período
en materia de la investigación, ya que fue firmado por un trabajador de Vitol que estuvo en la cárcel
en Estados Unidos. Además, Mex Gas (filial de PEMEX) terminó todos los convenios con la misma
empresa.
Asimismo, se giraron instrucciones de conservar y no destruir los papeles e información relacionada
con Vitol, así como no contratar o renovar contratos con esa empresa y se solicitó a la Auditoría
Interna realizar una revisión de los procedimientos de contratación y ejecución de los acuerdos en
curso con Vitol; y se instruyeron acciones de debida diligencia a implementarse en cualquier
interacción con la misma.
Desde el 3 de diciembre de 2020, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América
publicó un comunicado en el que Vitol acordó pagar 135 millones de dólares para concluir una
investigación sobre corrupción en aquel país. En él, admitió sobornar a funcionarios de Ecuador y
México, pero no se mencionan nombres, transacciones o detalles. En consecuencia, el 3 de
diciembre de 2020, el presidente de esta empresa informó el hecho a PEMEX.
En respuesta, el director general de PEMEX, Octavio Romero Oropeza, le requirió los nombres de
los funcionarios sobornados. Sin embargo, Vitol manifestó no tener la información; por ende, el 15
de diciembre de ese mismo año, Petróleos Mexicanos presentó una denuncia de hechos ante la
Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública.
