Diálogos Oaxaca
Integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI) piden a María Luisa Alcalde Medina, Secretaría de Gobernación; como al Gobernador Salomón Jara, implementar, a la brevedad, las medidas cautelares que les otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a 144 familias triquis víctimas de desplazamiento forzado de Tierra Blanca Copala.
La organización informó que el pasado 01 de noviembre, a través de la resolución número 62/2023, la CIDH otorgó la medida cautelar MC-279-22 a las 144 familias triquis originarias de Tierra Blanca Copala, las cuales en diciembre de 2020 fueron desplazadas por un grupo paramilitar y caciquil que opera en la región.
De acuerdo a la medida otorgada por la CIDH, se solicitó al Estado Mexicano adopte las medidas necesarias y culturalmente adecuadas, para salvaguardar la vida e integridad personal de las familias triquis de la comunidad de Tierra Blanca Copala que se encuentran desplazadas en la comunidad vecina de Yosoyuxi Copala.
En este sentido, en lo particular, adoptar las medidas de seguridad que resulten necesarias y garantizar que puedan regresar de manera segura a su comunidad.
De la misma manera Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente medida cautelar y así evitar su repetición.
Esta acción por parte del CIDH, manifiesta en su comunicado el MULTI, “se suma a otros instrumentos nacionales que han buscado visibilizar la responsabilidad del Gobierno de Oaxaca y el Gobierno Federal en la prevención, atención y solución” de esta problemática.
Además, expone que el Poder Judicial de la Federación, en julio del 2023, a través del amparo 1258/2022 fincó responsabilidades al Estado Mexicano y ordenó retomar a las familias desplazadas. En ambos casos, los funcionarios aplicaron medidas dilatorias y rechazaron rotundamente generar acciones en favor de las víctimas desplazadas.
“Las medidas cautelares solicitadas por la CIDH refuerzan la demanda que hemos tenido como movimiento desde hace casi tres años: retorno seguro y justicia”.
Así mimo establecen que a través de esta acción la CIDH ha podido corroborar la simulación con la que los funcionarios federales y estatales han tratado el tema, tales como las mesas de diálogo que han instalado desde febrero del 2021 pero que, desde su instalación hasta la fecha no han logrado el objetivo central, que es el retorno de los desplazados, además del encubrimiento, omisión y complicidad que han tenido con el grupo paramilitar y caciquil que opera en la región triqui a través de la violencia y el miedo.
Por lo tanto, hacen un llamado a los tres niveles de gobierno para que a la brevedad posible se posicionen públicamente con respecto a la adopción de la MC-279-22. Se instale una mesa de trabajo del más alto nivel en donde participe la Secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde, el Subsecretario de DDHH Félix Arturo Medina y el Gobernador de Oaxaca:Salomón Jara Cruz, a fin de implementar las medidas cautelares señaladas.
“Cabe recordarles a los funcionarios del Estado Mexicano que, cuentan con un periodo de 15 días hábiles a partir de la fecha de la resolución para informar sobre la adopción de las medidas cautelares”, subrayaron.
Además, manifiestan que como movimiento están atentos a este proceso y de ser necesario, recurrirán a su única arma de lucha que son las actividades de presión social para exigir que sus derechos sean respetados.
