Diálogos Oaxaca/EDUCA Oaxaca
La organización Litigio Estratégico Indígena A.C. promovió una demanda de amparo con el objetivo de obligar al Congreso de la Unión a expedir la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Comunidades Afromexicanas, ante el incumplimiento del mandato constitucional vigente, que desde el 2024 solicitó al congreso expedir dicha ley en un plazo de 180 días, pero no se ha emitido.
Dicha reforma, fue anunciada con bombo y platillo el 30 de septiembre de 2024 por el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), pero fue fuertemente criticada como una reforma “mutilada” o “descafeinada” por organizaciones sociales, comunidades y pueblos indígenas, que aseguraron sigue “sin garantizar plenamente los derechos al territorio y recursos naturales, así como a la representatividad política”.
A través de un comunicado, Mariana Yáñez Unda, vicepresidenta de Litigio Estratégico Indígena A. C., explicó que ha pasado más de un año y los legisladores y legisladoras que conforman el Congreso de la Unión no han aprobado la Ley General, con la cual se busca aterrizar los derechos ya reconocidos en el artículo 2 de la Constitución Mexicana para pueblos indígenas y afromexicanos.
La activista recordó que la Ley General debe garantizar su derecho a decidir sus formas de organización social, económica, política y cultural; eliminar desigualdades históricas y el racismo estructural, promoviendo una sociedad plural y armónica; el reconocimiento de identidades y respetar la autoidentificación de los pueblos y comunidades, incluyendo a los afromexicanos; y fomentar el desarrollo y uso de lenguas indígenas y preservar su patrimonio cultural, entre otros derechos.
La organización oaxaqueña apuntó “Esta reforma tuvo como base la iniciativa presentada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, y construida a partir de las peticiones y propuestas formuladas directamente por los pueblos y comunidades indígenas del país”.
La acción legal que esta asociación impulsa, busca que los derechos reconocidos en el texto constitucional cuenten con mecanismos claros de aplicación y exigibilidad, y que las demandas históricas de los pueblos indígenas y afromexicanos se traduzcan en normas efectivas y políticas públicas con impacto real.
