Diálogos Oaxaca/Consorcio Oaxaca
Oaxaca enfrenta una crisis de salud pública alarmante, encabeza de las tasas más altas de mortalidad por enfermedades no transmisibles en el país, en un informe presentado por el Poder del Consumidor se informó que 57 municipios de Oaxaca se encuentran dentro de los primeros 100 a nivel nacional con un incremento de muerte de hasta 200% por estas causas, actualmente el 13% de la población del estado vive con diabetes.
En el marco del Día Mundial de la Diabetes hacemos un llamado enérgico al Gobierno del Estado a que tome acciones urgentes para garantizar el Derecho a una Alimentación Sana y Nutritiva. Expresamos nuestra inconformidad ante las recientes declaraciones del Gobernador de Oaxaca, Salomon Jara, quien anunció campañas para promover una alimentación saludable y libre de productos chatarra, afirmando cínicamente que las transnacionales, como FEMSA y PEPSICO, entre otras, han sido las responsables de impedir iniciativas impulsadas por la sociedad civil de amparos, incluyendo la reforma del 5 de agosto del 2020 al artículo 20 BIS Para la Eliminación de formas de malnutrición en niñas, niños y adolescentes de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, que prohibía la distribución, venta, regalo y suministro de productos ultraprocesados y alto contenido calórico a menores de edad; en instituciones educativas públicas y privadas en el nivel básico y medio superior y a través de máquinas expendedoras y establecimientos. Sin embargo, estas empresas no ganaron ninguno de los amparos que interpusieron.
El gobernador de Oaxaca no ha demostrado un interés genuino en abordar esta problemática, especialmente cuando se trata de la salud de las niñeces y adolescentes. Es el propio gobierno estatal el que, con la modificación a este artículo el 20 de septiembre del 2023, (ahora Artículo 22), echó abajo esta protección. Una nueva versión que únicamente prohíbe la venta y distribución de productos ultraprocesados en instituciones educativas públicas y privadas de educación básica, dejando su aplicación y su vigilancia en manos de las autoridades estatales y municipales, personas con la patria potestad, tutela o guarda y custodia además de la Secretaría de Salud del Estado. Esta ley retrocede y violenta los derechos de la niñez y adolescentes de Oaxaca, beneficiando a intereses empresariales.
A pesar de que organizaciones de la sociedad civil han promovido el derecho a una alimentación sana, nutritiva y sostenible, desde el impulso de normativas al respecto y propiciando reuniones de trabajo con autoridades; el gobierno estatal sigue favoreciendo a las empresas que explotan los territorios, contaminan el medio ambiente y “cooptan” a sus clientes con productos hiperpalatables (que los llevan a comer por puro placer, en lugar de por hambre), cuasiadictivos (que provoca consumirlos de forma habitual) y de baja calidad nutrimental.
Un ejemplo de esto es el evento Lat Impact, celebrado el pasado septiembre en Oaxaca, donde 650 inversionistas de 36 países se reunieron supuestamente para promover el progreso y desarrollo, cuando en realidad el evento solo benefició a las empresas que despojan y contaminan los territorios. El gobierno estatal parece más interesado en servir a las transnacionales y proteger los intereses de unos pocos pactando compromisos y alianzas asistencialistas con las empresas.
Las organizaciones sociales, colectivas y luchadoras sociales reprobamos este tipo de iniciativas que violentan nuestros derechos y exigimos que se tomen medidas efectivas para combatir proteger la salud y el bienestar de la población oaxaqueña. Ante esta situación, hacemos un llamado para exigir al gobierno de Salomón Jara transparencia y compromiso en la defensa de los derechos humanos, especialmente en la protección de niñas, niños y adolescentes. (FOTO: Ilustración- WEB)
