La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas
(CIDHPDA) hace un llamado urgente al Gobierno Federal y a los Gobiernos Estatales y
Municipales a hacer frente al aumento de la violencia a causa de Grupos Armados, quienes
violan los Derechos Humanos.
El crecimiento de Grupos Armados en todo el país atenta en contra de los Derechos
Humanos. Entre 2009 y 2020 se ha contabilizado al menos 543 grupos ligados directamente
al aumento de la tasa de homicidios en las zonas más susceptibles a la violencia.
De acuerdo con el Inegi, en 2020, los asesinatos llegaron a 36.773. Y durante el año 2022,
según las cifras de homicidios de la Secretaría de Gobernación (Interior), se ha matado a un
ritmo de 112 personas al día ; el año pasado, a 120; y, durante la pandemia, a 118. El 30%
homicidios se concentran en tres entidades: Guanajuato, Estado de México y Michoacán.
Ante alarmantes cifras, la CIDHPDA exhorta al gobierno a crear programas que busquen
disminuir la violencia, brindar mayor apoyo estatal y federal para fomentar una mayor
protección de la población civil, cortar vínculos entre funcionarios estatales y grupos
criminales, así como una mayor cooperación internacional para impedir que los grupos
armados dispongan de armamento y financiación.
Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se creó la Guardia Nacional, como
estrategia para frenar la violencia, estrategia que solo ha aumentado la violencia ya
existente dentro del territorio mexicano.
Y ante tal cantidad de inseguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador menciono
que no cambiará la estrategia, y la seguridad del país sigue siendo la gran deuda. Por lo que,
es necesario a través del Congreso de la Unión, la creación de legislaciones que obliguen al
Ejecutivo Federal a realizar acciones para reestructurar el tejido social, que ayuden a
fortalecer un trabajo conjunto en los tres niveles de gobierno.
El Gobierno de la 4T no debe ser omiso e indiferente ante tantos conflictos en el territorio
nacional, ya que este tipo de hechos limitan la inversión nacional y extranjera, generando
desplazamientos forzados y violaciones flagrantes a los Derechos Humanos. No podemos
dejar pasar que los niños, niñas y adolescentes se vayan de sus hogares y que esto restrinja
su verdadero desarrollo, así como poder detener las altas tasas de personas desaparecidas
y feminicidios. Exigimos al actual Gobierno que actúe y proteja a la población más
vulnerable
