Diálogos Oaxaca/Compartido
El abogado Enrique Toro Ferrer emplazó a litigar al Gobierno del Estado para recuperar cinco hectáreas de San Raymundo Jalpan, donadas por el ejido de esa comunidad a la administración de José Murat y donde actualmente se construye un fraccionamiento privado.
Lo anterior obedece a una denuncia por la vía civil del polémico litigante en contra del notario público Rodolfo Morales Pazos -actualmente suspendido por irregularidades-, a quien señala de falsificar su firma para vender 80 lotes a particulares en propiedad oficial
En esta operación fraudulenta también se señala a la presunta compradora Adriana del Carmen Rodríguez Rivas, cuñada del empresario José Luis Jiménez, socio del exgobernador José Murat.
En este ilícito, se falsificó la firma de Toro Ferrer, quien es apoderado legal de Alejandro Rugarcia Torres, uno de los tres representantes que consumaron la donación de 30 hectáreas del ejido de San Raymundo Jalpan al Gobierno del Estado y donde se construye el nuevo fraccionamiento.
DE CONFLICTO ARMADO A TRANSA FE MURAT
Todo se originó en 1999, en el primer año del gobierno de José Murat Casab, cuando éste intervino en el conflicto agrario que por 40 años confrontó a cientos de pobladores de San Raymundo Jalpan y Cuilápam de Guerrero, por una disputa de más de 121 hectáreas ejidales, que costó la vida a decenas de habitantes de ambas comunidades.
Con la intervención del entonces secretario general de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Oaxaca (CNC), Juan Ramón Díaz Pimentel, así como del asesor jurídico de esa organización, Enrique Toro Ferrer, los ejidatarios de San Raymundo Jalpan reconocerían como “avecindados” a quienes mantenían posesión de sus terrenos y que eran pobladores de Cuilápam.
Los ejidatarios cedieron a sus vecinos del barrio de San Juan, Cuilápam, ese predio en disputa y que poseían por resolución presidencial de 1924. A cambio, los ejeditarios recibieron una contraprestación por un millón de pesos.
Asimismo, el ejido acordó con el entonces gobernador restarle a dicha extensión 30 hectáreas de los terrenos. Murat Casab decidió destinar 10 de esas hectáreas al proyecto de su esposa, Guadalupe Hinojosa de Murat y la congregación de los Legionarios de Cristo, para instalar un plantel de la Universidad Anáhuac en esa zona. Las 20 hectáreas restantes serían destinadas a "fines sociales y en su caso para la construcción de oficinas públicas"
El 10 de febrero del año 2000 se formalizó la regularización de las 120 hectáreas en favor de los 45 posesionarios del Barrio San Juan, así como la desincorporación y donación de las 30 hectáreas en favor del gobierno del estado. Para ello, previamente se acordó el nombramiento de tres personas, debido a que la ley impide que una sola persona pueda ser propietaria de más de 10 hectáreas.
Para complementar el tramite de dominio pleno, los Legionarios de Cristo designaron a uno de los representantes, que fue el doctor Jaime Pérez Guajardo, presidente de la Comisión Nacional de Arte Sacro A.C.
Dicho nombramiento fue reconocido por el dirigente de la CNC, Juan Díaz Pimentel, quien así lo hizo saber en un oficio, en el que designó a los otros dos representantes: Alejandro Rugarcia Torres y Humberto Evodio Corres Sierra. El primero fue señalado de ser compadre y el segundo pariente lejano del entonces gobernador.
En 2001, los títulos ejidales fueron modificados por certificados de propiedad, con base en el régimen de dominio pleno a fin de emitir los correspondientes títulos de propiedad.
A pesar de que las personas designados para consular la donación no pueden acreditarse como propietarios, debido a que la propiedad fue donada al Gobierno del Estado, Humberto Corres vendió al mismo gobierno las 10 hectáreas que representaba por la cantidad de siete millones 134 mil 195, a fin de que el terreno fuera donado a la Fundación Teletón para la construcción del primer Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT).
De la operación dio fe el notario público número 26 de Salina Cruz, Emmanuel Roberto Toledo Medina (fallecido el 19 de febrero de 2019 pero que había sido incluido en la lista negra de 23 notarios públicos de Oaxaca suspendidos por el SAT por operaciones con empresas factureras e inexistentes), mientras que Jorge Alberto Merlo Gómez quien sería posteriormente nombrado como el notario 135, vendió al mismo gobierno otras 10 hectáreas, que representaba Alejandro Rugarcia, por un millón 13 mil pesos, en otra operación fraudulenta.
El mismo notario 26 consumó la venta, el 8 de mayo de 2001, que otra vez hacia Humberto Corres Sierra, pero ahora sobre las 30 hectáreas que igual que el caso anterior, ya eran propieda del gobierno, en la cantidad de 10 millones 701 mil 292 pesos, según consta en la escritura pública 20238 del volumen 265.
Ese mismo día y en el mismo volumen, pero de la escritura 20239, el notario Toledo Medina consignó la venta de una fracción de la propiedad que realizó el entonces ya nombrado notario Jorge Merlo al gobierno estatal, representado por el entonces procurador de justicia Sergio Hampshire Santibáñez Franco, para la edificación de la delegación de la Procuraduría General de la Republica en el estado. El monto de esa transacción, según la escritura, se fijó en un millón 520 mil 347 pesos.
Posteriormente, según consta en la escritura pública 9120, correspondiente al volumen 202 del notario público número 66, Gilberto Gamboa Medina, el gobierno, a través de la Fiscalía estatal, trianguló la venta por dos millones de pesos de una fracción de los predios adquiridos por Rugarcia Torres, pero esta vez para la edificación de la Procuraduría de la Defensa de la Mujer y el Menor del estado, asentada en las calles 14 y 22 Oriente de la colonia Paraje las Salinas, en San Raymundo Jalpan.
Las operaciones se realizaron a través de la empresa Anáhuac Constructora e Inmobiliaria S.A. de C.V., creada por Gamboa Medina. De esta manera revendieron otra vez 10 hectáreas al gobierno por un monto de 8 mil pesos.
El mismo notario 66, junto con Jorge Merlo, el 10 de noviembre de 2003 vendieron al Congreso local dos de las mismas 10 hectáreas, por la cantidad de 10 millones de pesos.
Ese mismo día quedó asentado en el entonces Registro Público de la Propiedad, hoy Instotuto de la Funcion Registral (IFREO), con el registro 402 de la escritura 9122 del mismo notario Gamboa Medina, y con la representación de Jorge Merlo, la venta de una fracción más de los terrenos donados, correspondiente a una hectárea para el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del estado.
Estonconsumaba la reventa hasta en tres ocasione de sus mismos predios al gobierno estatal.
EL NUEVO FRAUDE EN TIEMPOS DE LA 4T
En su nueva denuncia por la vía civil, el abogado Enrique Toro Ferrer señala que en 2019 fue convocado por el exgobernador José Murat, quien le pidió que suscribiera una compraventa de los terrenos que representó Alejandro Rugarcia Torres "a favor de la persona que indicara el señor José Luis Jiménez", propietario de comercializado Jid's y proveedor de uniformes y zapatos de los gobiernos de Oaxaca, Guerrero y Guanajuato, entre otros.
De acuerdo a la denuncia formal, se trata de Adriana del Carmen Rodríguez Rivas, cuñada del empresario, quien le pedía la compraventa a él como apoderado legal de Alejandro Rugarcia Torres, por lo cual se negó.
Tres años después, en 2022, Toro Ferrer se enteró de la venta de dichos terrenos , a un costado del Teletón, en 80 lotes para un fraccionamiento, a través de una escritura falsa en la que falsificaron su firma.
A través del Instituto de la Función Catastral del Estado se comprobó la complicidad del notario público número 94, Rodolfo Morales Pazos, quien simuló la compraventa con la supuesta firma de Toro Ferrer.
El abogado solicita la nulidad absoluta del convenio de compraventa y la cancelación de la escritura pública
Asimismo pide la intervención del consejero jurídico Giovany Vásquez Sagrero en litisconsorcio, debido a que se trata de una operación delictiva con terrenos del gobierno del estado, donador por el ejido de San Raymundo Jalpan.
MUERE RUGARCIA, UNO DE LOS DONADORES
Luego de que el abogado Enrique Toro Ferrer señalara a José Murat como líder del “Cártel del Despojo” y tras la detención y vinculación a proceso de Jorge Armando Zárate Medina, ex titular del Instituto Catastral de Oaxaca en el gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, murió de manera sorpresiva la madrugada del 23 de junio del año pasado Alejandro Rugarcia Torres, uno de los tres consumidores de la donación de 30 hectáreas al Gobierno del Estado.
La muerte del doctor en ginecología fue por causas desconocidas en la ciudad de Puebla de los Ángeles.
Pese a su fallecimiento, el abogado Toro Ferrer continúa como el apoderado legal en el caso de la donación de las 10 hectáreas al Gobierno del Estado.
Las operaciones fraudulentas de los terrenos de Jalpan son parte del Cartel del Despojo, encabezado por el notario 135 Jorge Gómez Merlo y excfuncionario del gobierno, para adueñarse ilícitamente de inmuebles y propiedades. En 2004, dicho notario se sumó al gobierno de José Murat como titular del entonces Registro Público de la Propiedad y hasta el año pasado se había documentado el despejado de al menos 12 propiedades más en el centro de Oaxaca. (Con información de CENTRO TV)
