LA JORNADA
El juzgado tercero de distrito en Oaxaca otorgó un amparo a la comunidad triqui de Tierra Blanca Copala, que ordena a los gobiernos federal y estatal elaborar un plan de justicia para las 143 familias desplazadas desde hace tres años. El documento deberá contener resoluciones concretas para concretar el retorno seguro a su comunidad.
La resolución del juez señala que las autoridades, cada uno en su competencia, “incurrieron en omisiones” respecto a las víctimas y “marca un precedente, al ser la primera sentencia de fondo que se otorga a una comunidad en condiciones de desplazamiento forzado en México” y las reconoce como tal, señaló Horacio Santiago, quien ha acompañado a las más de 500 personas obligadas a dejar su hogar desde diciembre de 2020.
En conferencia de prensa realizada en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), Lauren Durán, abogado del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, puntualizó que el próximo 10 de agosto se definirá si el fallo queda en firme, una vez que se conozca si el gobierno federal si impugna o no la resolución.
Venustiana López, integrante de la comunidad triqui, solicitó a las autoridades no interponer recursos y se ejecute, porque, de hacerlo, “se vería que no hay voluntad política por parte del Estado mexicano con las víctimas del desplazamiento forzado y el interés de que retornen las familias”.
En caso de que se acepte el fallo del juez, Horacio Santiago indició que se buscará una reunión con el gobierno federal, a través del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y con el gobierno de Oaxaca, para “armas una estrategia puntual” que se tendría que elaborar en conjunto con las familias desplazadas.
Subrayó que de avanzar en esta ruta de solución, el Estado mexicano deberá “asumir una posición más firme”, debido que desde enero de 2021 se han realizado más de 100 mesas de negociación y se ha intentado en seis ocasiones el retorno seguro de las 143 familias a Tierra Blanca Copala, y esto no se ha concretado.
El objetivo de las mesas era lograr el retorno de las familias desplazadas, sin embargo hemos tenido más de 100 mesas y este retorno no se ha concretado. Hemos tenido fecha y la construcción de un protocolo de retorno y esto bno nse ha materializado.
“Es importante salir de esa dinámica o vamos a seguir estancados, porque cuando estamos a punto de lograr un retorno casualmente ocurren hechos de violencia en la región triqui”, ,manifestó.
Durán resaltó que mientras no se logre el retorno de la comunidad triqui a su hogar, las autoridades tienen que comenzar a realizar acciones para proteger a las familias con soluciones concretas de asistencia humanitaria, como acceso a servicios públicos básicos como luz, agua, salud y educación, resguardo de su seguridad, además de que ordena a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas las incorpore al Registro Nacional de Víctimas.
El amparo también ordena a la Fiscalía General del estado de Oaxaca continuar de oficio con las carpetas de investigación relacionadas con los hechos de violencia que provocaron el desplazamiento forzado de la comunidad de Tierra Blanca.
Las 143 familias forman parte del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (Multi), quienes huyeron de su poblado en la región de la Mixteca, tras las agresiones de otro grupo de la misma localidad, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (Mult).
Su desplazamiento forzado inició la mañana del 26 de diciembre de 2020, luego del ataque armado que privó de la vida a Andrés Martínez López, del Multi, y dejó a sus tres hijos con lesiones; dos de ellos aún viven con “una bala alojada en su cuerpo”.
Comenzó entonces la travesía y las 503 personas tuvieron que dejar su hogar. Yosoyuxi, a 10 kilómetros de Tierra Blanca, fue el primer lugar donde se resguardaron porque es una de las comunidades “que más ha resistido a los paralimilitares”, recordó Santiago.
