Diálogos Oaxaca/Foto: ESTACIÓN FOTO
La diputada presidente de la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia en el Congreso del Estado, Analy Peral Vivar, condenó el uso de la fuerza pública para disuadir manifestaciones en la capital del estado, por lo que llamó a las instituciones del estado a anteponer el diálogo oportuno y eficiente a los planteamientos de quienes hacen uso de la movilización para solicitar una respuesta a sus demandas.
La legisladora fijó posicionamiento ante los operativos desplegado por la Secretaría de Seguridad Pública y tal como lo ha señalado en pronunciamientos anteriores, “sostengo que el progreso de Oaxaca no se mide sólo en informes; se mide en la disminución real del conflicto social, en el combate a la impunidad y a la corrupción, así como en la atención del rezago social”.
Peral Vivar reiteró que es preocupante la decisión de la Secretaría de Gobierno de hacer uso de cuerpos antimotines en contra de grupos movilizados y que se desatiendan los canales institucionales de mediación y resolución de conflictos.
Así también y ante ese panorama, hizo un llamado al Gobierno del Estado de Oaxaca para privilegiar el dialogo con los pobladores, así como con las organizaciones sociales que este martes se movilizan en la capital del Estado y “no se criminalice la protesta social”.
De la misma manera exhortó a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca para que de manera oficiosa inicie los procedimientos para documentar y revisar la actuación de los elementos policiales que intervinieron en los desalojos y descartar cualquier uso excesivo de la fuerza pública.
*UNAPO se sumó a la condena
En este mismo sentido, la Unidad Anticapitalista de Pueblos Organizados de Oaxaca (UNAPO), también se sumó a la condena sobre el uso de la fuerza pública como respuesta a la movilización social
En desplegado expuso que en el marco del segundo día de la Jornada de lucha de la Alianza de Pueblos por la Justicia Social el gobierno del estado desalojó con la fuerza pública las diversas manifestaciones que sostenían. De igual forma el caso de los habitantes de la agencia Pueblo Nuevo.
En este sentido señalaron que “las manifestaciones en Oaxaca han sido y siguen siendo producto de la falta de respuestas a demandas relacionadas con justicia, conflictos agrarios, falta de recursos municipales, carencias en servicios básicos, derechos de los trabajadores, apoyo al campo y el reconocimiento de autoridades electas en sus comunidades; las propias manifestaciones son producto de una política interna que no resuelve las necesidades de los pueblos”.
Así mismo y como Unidad Anticapitalista de Pueblos Organizados de Oaxaca condena el uso de la fuerza pública como respuesta a la movilización social; “desde el poder no se pueden deslegitimar las luchas permanentemente”.
De la misma manera exponen que con estas acciones se evidencia la política de doble discurso, llamando al diálogo sin respuestas y condenando las manifestaciones como lo hace el Secretario de Gobierno Jesús Romero.
“La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca encabezada por el almirante Félix Quiroz Javier y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y su titular Bernardo Rodríguez Alamilla, en vez de abonar a generar un clima de represión debieran preocuparse en la grave situación de violencia que se vive en Oaxaca”.
