Diálogos Oaxaca
Ante el legislativo del Estado, la presidenta de la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia, Analy Peral Vivar, propuso adicionar la Ley de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, pues es ineludible el promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos.
En su exposición de motivos, la representante popular de la región Sierra de Flores Magón, indicó que la presente iniciativa no solo busca reformar un texto legal, sino busca eliminar un obstáculo para las víctimas en su búsqueda de verdad y justicia.
Reitero que la propuesta busca fortalecer los derechos de las víctimas en los procedimientos en materia de derechos humanos que se inician por la denuncia de los abusos de los agentes del Estado durante las detenciones y operativos de seguridad.
En este sentido recordó que la reforma constitucional del 2011, presentó un cambio en el paradigma de los DH en México, instituyendo la obligatoriedad de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos de las personas; sin embargo, en la práctica cotidiana de nuestras calles, esta obligación suele desdibujarse durante las detenciones y los operativos de seguridad.
Indicó que actualmente, cuando una persona acude la DDHPO para denunciar una detención arbitraria, actos de tortura o tratos crueles, se enfrenta a una barrera procesal casi insuperable, ya que sobre la víctima recae la carga de probar el abuso en que incurre la autoridad, a pesar de que es el estado quien posee el control total de la escena, los medios de coacción y, fundamentalmente, los medios técnicos de registro.
"Es una contradicción técnica exigir que quien ha sido privado de su libertad o quien ha sido vulnerado en su integridad física, documente la actuación de la policía mientras ocurre la agresión".
De la misma manera, apuntó Peral Vivar, esa asimetría técnica conduce, en muchos de los casos, a que las víctimas abandonen su exigencia de justicia ante los hechos arbitrarios de los agentes del Estado, lo que colateralmente conduce a perpetuar la impunidad y motivan más a las violaciones a los derechos humanos.
Por ello, la propuesta que somete a la consideración del pleno, propone establecer la obligación de las autoridades estatales y municipales de entregar a la DDHPO las grabaciones de audio y video generadas por dispositivos de uso oficial en el momento en que ocurren las detenciones y operativos de seguridad; y para que esta disposición legal sea operativa.
De la misma manera, se propone establecer que la falta de entrega, la alteración o la omisión en la generación de este material que generará la presunción de certeza de los actos atribuidos a los agentes del Estado.
"Esta propuesta, es una medida justa para las víctimas que sufren violaciones a sus derechos humanos; pues sí la autoridad cumplió con los protocolos de legalidad y el uso proporcional de la fuerza".
"El audio y video será su mejor defensa cuando enfrenten un señalamiento de abuso de autoridad; pero, si la autoridad falló, el video será el mecanismo que garantice a la víctima su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación del daño a la que tienen derecho".
