Diálogos Oaxaca
Luego del asesinato de Álvaro Sebastián Ramírez, ex preso político que durante 20 años el régimen mantuvo en sus mazmorras por luchar contra el cacicazgo local enquistado en la región Loxicha, este miércoles, la organización Frente Popular Revolucionario (FPR), pidió un alto a los crímenes de Estado en Oaxaca.
Bajo un posicionamiento, el FPR reiteró que la historia de Oaxaca está remarcada con sangre del pueblo; “muchas vidas se han ofrendado para ir construyendo el camino por una sociedad sin explotados ni explotadores”.
Asimismo sostiene que este es “un crimen de Estado”.
“Por años las dependencias encargadas de la gobernabilidad y la impartición de justicia han sido lentas, omisas y responsables de la situación de conflicto que se vive no solo en la región Loxicha, sino en todos los lugares donde se genera y atiza la violencia con el único fin de socavar la organización indígena y popular para acceder a los territorios y sus recursos naturales.
En ese sentido condenaron este nuevo asesinato y exigieron a las instituciones encargadas de la “supuesta aplicación de justicia” hacer su trabajo; “nos queda claro que en medio de las disputas de la administración saliente y la entrante es el movimiento social oaxaqueño el que está en la mira de estos intereses”.
De igual manera reiteraron que no se puede hablar del "milagro oaxaqueño" cuando se asesina a dirigentes sociales, como también “no puede haber fiesta en Oaxaca cuando no hay justicia para nuestros compañeros”.
PROTESTA EN CEVI
Por otra parte, el Frente Popular Revolucionario esta mañana se manifestó en las oficinas de la Comisión Estatal de Vivienda (CEVI) del gobierno del estado, donde reclamaron el cumplimiento de diversos acuerdos, como es el caso del pago de obras y la validación de proyectos.
Los integrantes de esta organización se suman a la serie de movilizaciones que se registraron esta mañana en oficinas públicas del gobierno del estado, como también a las protestas que diversas organizaciones campesinas realizaron en las calles de la capital del estado para exigir el cumplimiento de diversas demandas al gobierno del estado.
