Diálogos Oaxaca
A cuatro días de cumplir los primeros cien días de gobierno, durante “La Mañanera”, el gobernador del estado, Salomón Jara Cruz formalizó las medidas de austeridad anunciadas al inicio de la administración, para ello firmó el decreto correspondiente, con el cual se fortalecen los mecanismos de rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
Durante el encuentro semanal con los medios de comunicación, el ejecutivo estatal destacó algunos de los aspectos de este decreto con el que se establecen las medidas de austeridad que deberán seguir las dependencias y entidades de la administración pública estatal en observancia a la Ley Estatal de Austeridad Republicana.
Jara Cruz, diez minutos después de lo programado, dio inicio a su participación en la cual dio prioridad a las políticas de austeridad a las cuales se sujetará su gobierno, como principios y valores que les giran en torno al pensamiento del ilustre Benemérito de las Américas Benito Juárez.
Así mismo resaltó que como “no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre”, Jara Cruz dijo que ojalá este ejercicio de gobierno sirva para otros poderes y órganos autónomos del estado.
También exprte3só que la austeridad debe de ser una política de estado, sabedor de que la sociedad oaxaqueña está expectante de conocer que acciones de las acciones que habrán de emprender los actores políticos para acabar con los privilegios y el despilfarro de los recursos públicos.
Algunas de las premisas fundamentales que se garantizan en este decreto, dijo Salomón Jara, será el respeto y garantizar los derechos de todos los servidores públicos, únicamente se autorizará el pago de las prestaciones que derivados de contratos o convenios colectivos previamente validados por la secretaría de administración y dictaminados por la secretaria de finanzas, depositados ante la autoridad laboral correspondiente.
Así también, apuntó, no se reconocerán acuerdos inscritos o prestaciones extralegales acordados por gobierno anteriores.
“Sólo por esto, dijo, hay un ahorro de 155 millones de pesos”, al mismo tiempo destacó que los recursos humanos y presupuestales, se utilizarán con honradez, eficiencia, eficacia y transparencia”.
También dijo que se fortalecerán los mecanismos de rendición de cuentas e instrumentará una agresiva política anticorrupción, por lo que “se acabó la complicidad y la impunidad”.
Por otra parte, en cuanto a los servicios personales, manifestó que no se podrán crear plazas, salvo que se cuente con la revisión y prevención presupuestal aprobada en el presupuesto de egresos del estado, así como de aquellas que sean resultados de reformas jurídicas que no contravengan con lo dispuesto en la ley de disciplina financiera en las entidades federativas o municipios.
En este sentido hizo un comparativo con lo que sucedía en el gobierno de Alejandro Murat Hinojos, donde se encontró que entre el 2017 y 2022 se expidieron un total del 1, 571 bases, 215 como parte de convenio, mil 356 de manera extraordinaria e irregular, tan sólo en el 2022, cuando estaban por salir, vendieron 333 plazas.
“Nosotros no lo vamos a aceptar, tampoco vamos hacer esto. No incrementaremos la burocracia para pagar cuotas a cuates, o crear estructuras políticas, eso se acabó. Las revisiones salariales de los ejecutores de gasto ya no serán unilaterales, no discrecionales, ahora deberán de ser autoridades y validados por la secretaría de administración previa emisión del impacto presupuestario por parte de la Secretaria de Finanzas”.
Como política de contención de gasto y de responsabilidad hacendaria, la secretaría de administración reducirá al menos el 50 por ciento del personal de contrato del poder ejecutivo e implementará mecanismos para disminuir al máximo posible el pago de horas extraordinarias.
Sobre adquisiciones, arrendamientos, servicios y contratación de obra pública, Salomón Jara dijo que su gobierno dejará toda una era de opacidad, dispendio y corrupción: “no se autorizará la adquisición o arrendamiento de vehículos para el transporte y traslado de servidores públicos”.
“Se acabaron las camionetas de lujo destinadas a labores ajenas al trabajo territorial y comunitarios, se acabaron también las oficinas privadas en San Felipe del agua, ahora están san Martín San Juanito Candiani”.
Este Plan de Gobierno en materia financiera contempla el desarrollo de 23 acciones que permitirán evitar gastos onerosos e innecesarios y que, al contrario, harán más eficiente los servicios públicos y las acciones de gobierno.
En materia de servicios personales se contempla garantizar los derechos sociales de las personas del servicio público, previstos en la Constitución Política del Estado, así como los instrumentos internacionales y las disposiciones jurídicas aplicables.
La política de austeridad prevé que los recursos humanos se administren con total apego a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca. También, se regulará la creación de plazas, las revisiones salariales, pagos de prestaciones, el funcionamiento de las estructuras orgánicas, así como la atención y cumplimiento a medidas judiciales en materia laboral.
Asimismo, que las instituciones educativas con convenio o pari passu, se apeguen a los sueldos y salarios establecidos en sus anexos de ejecución, y que las personas con nombramientos de “oficiales de trasporte” sean reubicadas de acuerdo al perfil que tengan para el cumplimiento de sus funciones.
En materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios generales se establece que no se rentarán vehículos para el traslado de servidores públicos cuyo valor comercial supere los cuatro mil 343 Unidades de Medicas de Actualización (UMA) diarias. Asimismo, se prohíbe la contratación de alquileres de oficinas alternas a las oficiales, el incremento en rentas existentes, las remodelaciones de inmuebles con fines estéticos y la compra de mobiliario de lujo.
En cuanto a los vehículos aéreos, estos deberán ser destinados, como se hace ahora, para actividades de seguridad pública estatal, protección civil, así como para la atención en materia de salud.
En tanto, se deberán reducir en 20% los gastos en las partidas presupuestales correspondientes a diversos servicios como los legales, de contabilidad, consultorías, servicios profesionales, de orden social, fomento de actividades cívicas, de cultura, reuniones, congresos, convenciones, exposiciones, espectáculos entre otras actividades. En los últimos casos se privilegiará el uso de propiedades del Gobierno del Estado.
La reducción de al menos 10% en las partidas para telefonía celular, energía eléctrica, agua, gas, arrendamiento de fotocopiado, también se propiciará en el presente ejercicio fiscal. Y en materia de difusión, la Coordinación de Comunicación Social deberá reducir los gastos hasta en 20%.
Otro aspecto que será regulado es la adquisición de nuevos equipos de cómputo, los servicios de consultoría administrativa, de procesos, técnicas y en tecnologías de administración. También se implementarán medidas de control en el consumo de combustibles, lubricantes y aditivos, así como lo relacionado a la partida de pasajes aéreos, los que se autorizarán de forma excepcional.
De su presupuesto vigente en el presente ejercicio fiscal, los ejecutores del gasto de la Administración Pública Estatal deberán reducir en 20% los gastos relacionados a las partidas presupuestales de viáticos en el país y en el extranjero.
Firmaron este decreto, además del gobernador del Estado y el concejero jurídico, Geovany Vásquez Sagrero, el secretario de gobierno Jesús Romero López; el secretario de Administración, Antonino Morales Toledo; el Secretario de Finanzas, Farid Acevedo López; la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, Leticia Elsa Reyes López.
