Diálogos Oaxaca
Ante reciente escándalo en universidad particular, la diputada presidenta de la Comisión Permanente de Administración Pública Mónica Belén López Javier, propuso a l legislativo del estado, punto de acuerdo cuyo objetivo es evitar y reducir el fraude educativo en institución que ofertan este servicio de manera particular o privada en el estado.
En su exposición, la representante por el Distrito de Tlacolula de Matamoro, sostuvo que es recurrente. a través de las redes sociales, que hagan públicas inconformidades y planteamientos de parte de estudiantes, madres y padres de familia, así como personas tutoras, respecto a la emisión de boletas o documentos sin validez oficial.
Indicó que la falta de certeza en cuanto al REVOE de los programas educativos ofertados, los posibles actos de violencia escolar cometidos por personal docente, así como las declaraciones de directivos que presumen protección política y judicial, genera temor entre la comunidad escolar.
“Esto evidencia la necesidad de acciones y mecanismos que permitan el fortalecimiento de este servicio educativo para prevenir el fraude educativo”, señaló López Javier.
En este sentido reiteró que es importante subrayar que el fraude educativo no solo se constituye en una violación a la Ley General de Educación, como también a la Ley Federal de Protección al Consumidor, “es un atentado directo contra el interés superior de la niñez, contra el derecho a la educación y contra la confianza social en el sistema educativo”.
Además, recalcó, puede condicionar ilícitos penales como fraude o falsificación de documentos, cuya investigación corresponde a la Fiscalía General del Estado (FGEO).
Ante la inmediatez del ciclo escolar en curso, propuso, hay necesidad de garantizar la continuidad académica a las y los estudiantes, como la urgencia de proteger a la niñez y juventud frente ante actos que ponen en riesgo sus derechos fundamentales, por lo que resulta justificado que este Congreso exhorte respetuosamente a todas las instituciones educativas particulares que operan en la entidad, para que de manera inmediata y transparente exhiban públicamente el reconocimiento de validez oficial de estudios, la vigencia de cada programa que ofrecen y regularicen aquellos que carezcan de registro.
Asimismo, que estas instituciones comuniquen con claridad a madres padres y personas tutoras los costos, condiciones de servicios y procesos de certificación, revalidación y titulación.
De la misma manera, exhorta al IEEPO a reforzar de manera inmediata los mecanismos de verificación, inspección y vigilancia de escuelas particulares de educación básica como actualizar y publicar periódicamente el padrón de instituciones incorporadas, así como a emitir medidas precautorias y sancionatorias cuando se detecten incumplimientos
También el exhorto se hace extensivo a la Coordinación General de Educación Media Superior y Superior, Ciencia y Tecnología de Estado de Oaxaca, así como a la Dirección General de Incorporación y Revalidación de la Secretaría de Educación Pública para que verifiquen y transparenten el estatus del RVOE de cada programa de educación media y superior impartido en la entidad, así como también atiendan de oficio las denuncias y garanticen a la comunidad estudiantil opciones de revalidación y equivalencia conforme a la normatividad aplicable.
También hizo el llamado a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) para que realice verificaciones inmediatas en instituciones educativas particulares que operan en Oaxaca, a fin de sancionar la publicación engañosa o la falta de información, como también emita las alertas específicas de protección a consumidores del ciclo escolar vigente.
En este mismo sentido, a la Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas y Niños, Adolecentes del Estado de Oaxaca, a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) para que acompañen y asesoren a los niños, niñas y adolescentes afectados, garantizando medidas de restitución a su derecho a la educación y evitar actos de represalia.
Insistió para que la FGEO en el ámbito de sus funciones inicie o continúe con las investigaciones correspondientes por posibles delitos relacionados con el “fraude educativo o falsificación de documentos” garantizado el acceso a la justicia a las víctimas y el principio del interés superior de la niñez.
Finalmente dijo “regular y supervisar con firmeza a las instituciones educativas particulares no es un simple acto administrativo, es garantizar y dar seguridad jurídica, confianza social y la protección del derecho a la educación, porque detrás de cada boleta, de cada certificado y de cada título está el futuro de las niñas, niños y jóvenes del estado: “ellos merecen estar bien”.
