En un acto de justicia social, resultado de un trabajo responsable, profesional y comprometido con las leyes y la dignidad humana; se entregaron de manera simbólica, 6 de 121 constancias de liberación a personas indígenas y de escasos recursos, privadas de su libertad, condenadas por actos menores.
Se informó que, del 13 de septiembre a la fecha, han recuperado su libertad 346 personas, de las cuales 38 son mujeres y 308 hombres; quienes seguían sus procesos en los sistemas de Juicio Oral Penal, Integral de Justicia para Adolescentes, Penal Tradicional y Ejecución Penal.
En este último, más de 900 personas han logrado su excarcelación durante la presente administración.
En este modelo de reinserción social, se cuenta con un padrón de 65 intérpretes hablantes de lenguas originarias, quienes han brindado asesoría a 250 personas y mil 143 asistencias jurídicas; lo que ha permitido garantizar una defensa efectiva y comprensible.
El servicio legal para mujeres también es una prioridad, por ello, se habilitó a un grupo de defensoras públicas especializadas en perspectiva de género, que ofrecen un acompañamiento adecuado, sensible y profesional a quienes viven situaciones de violencia.
Se han atendido a 8 mil 770 personas, mediante el acompañamiento coordinado con diversas secretarías mediante servicios gratuitos en 15 municipios.
