Diálogos Oaxaca
En el marco del segundo informe de actividades de la titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Elizabeth Lara Rodríguez, la diputada presidente de la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia, señaló que En Oaxaca se administran las violaciones a los derechos humanos.
Al fijar postura sobre el informe presentado ante el poder legislativo, manifestó que los resultados y acciones informadas son insuficientes para garantizar la protección de los derechos humanos de las y los Oaxaqueños.
“Se necesita un organismo más proactivo y con una visión más humanista”, dijo la diputada integrante de la fracción parlamentaria del Partido MORENA.
Del informe de la Defensoría, dijo, puede advertirse que en materia de medidas cautelares, increiblemente durante el año informado se emitieron únicamente 22, cuya cifra cambia de manera radical con las emitidas en años anteriores.
“Esto, a manera de ejemplo, podemos citar que de mayo de 2017 a mayo de 2018 se emitieron 599 medidas cautelares; del 10 de mayo 2018 al 8 de mayo 2019 se emitieron 628 medidas cautelares; del 9 de mayo 2019 al 8 de mayo 2020 se emitieron 243 medidas cautelares y del 9 de mayo 2020 al 8 de mayo 2021 se emitieron 324 medidas cautelares, lo que refleja la poca intención del organismo en adoptar medidas para prevenir la violación a derechos humanos”.
Analy Peral apuntó que tal pareciera también que el archivo y conclusión de expedientes representa un avance en la gestión del organismo, pues durante el año informado se concluyeron un total 3,145 expedientes de Queja, lo que contrasta con el número de recomendaciones, ya que únicamente se emitieron 15 recomendaciones.
“Es decir, los esfuerzos del organismo están enfocados en concluir expediente para no emitir recomendaciones a las autoridades estatales y municipales por su participación en la violación a derechos humanos”.
Dentro de esos casos de conclusión de expediente, destacó, se encuentran casos como los de Lauro Juárez, una persona indígena de origen chatino, desaparecido en diciembre de 2007, cuyo expediente de terminación 0613 de manera injustificada fue concluido sin haberse pronunciado sobre la existencia de violaciones a derechos humanos derivado de la desaparición forzada que fue objeto la víctima.
Así mismo, recordó, a más de cinco años la Defensoría no se ha pronunciado sobre la violación a los derechos humanos en los casos de las ejecuciones extrajudiciales de Tomás Martínez Pinacho y Manuel Cartas Pérez, lo que pone en evidencia que no existe el interés por investigar con prontitud casos graves de violaciones a derechos humanos.
De esa forma, recalcó: “podemos seguir enumerando diversas omisiones en la actuación de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, y con lo cual, lejos de garantizar una protección efectiva de los derechos humanos, podemos concluir que se están administrando las violaciones a derechos humanos y que el principal esfuerzo se ha centrado en no realizar recomendaciones a las autoridades, anteponiendo las relaciones de estado por encima de los derechos de las y los oaxaqueños”.
Asimismo, puntualizó que es importante destacar la actitud omisa de la defensoría para pronunciarse de manera pública sobre hechos como los ocurridos en Nochixtlán el 17 de febrero del presente año, en el que el Presidente Municipal de esa población, junto con un grupo de choque, agredió a la Unión de Pueblos de Chocholtecos y Mixtecos.
De la misma manera se refirió a los hechos ocurridos en Miahuatlán de Porfirio Díaz. en el que el Presidente Municipal de manera autoritaria ordenó el desalojo de comerciantes ambulantes, como también el caso más reciente ocurrido un día antes del informe de la defensora, relacionado con el desalojo de comerciantes del Tianguis Cultural, Libertad y Resistencia realizado por grupos de choque y autoridades municipales de Oaxaca de Juárez.
Ante ese panorama, finalizó, tenemos que ser claros en que la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca no está cumpliendo su objetivo, pues lejos de transitar hacia un organismo con una visión progresista y humanista, se está convirtiendo en una institución que consiente y tolera la violación de derechos humanos.
