La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) interpuso denuncia penal ante el Ministerio Público de la Federación, en contra del Gerente General de la empresa BRITANIC VENTURES, S. de R. L. de C.V., por la construcción ilegal de un desarrollo habitacional (condominios y villas), dentro de un ecosistema costero, así como actividades con fines comerciales en un estero y en manglar.
También presentó querella en contra del representante de la empresa por desacato a la clausura que se impuso como medida de seguridad en las obras se realizan en el Sector Arrocito, Agencia Municipal Bahía de Santa Cruz Huatulco, Santa María Huatulco, Pochutla, Oaxaca, ubicadas en un estero y en zona de manglar, colindante con la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat).
Bajo el esquema de Responsabilidad Penal Corporativa se formuló la denuncia y querella ante la Procuraduría General de la República (PGR), en contra de los representantes, administradores o directores de la empresa BRITANIC VENTURES, S. de R. L. de C.V., quienes ejercen el dominio funcional de las operaciones de la empresa.
La denuncia penal fue por el delito ambiental, que constituye el cambio de uso de suelo, obras en un estero y en zona de manglar, al carecer de permiso para obras y actividades en áreas forestales para actividades de desarrollo inmobiliario y por la construcción y operación de obras civiles, sin contar previamente con la autorización en materia de impacto ambiental emitida por la autoridad.
En relación a la Zofemat, la empresa no puede construir si adolece de una concesión. En ambos casos, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), no había extendido las autorizaciones ni el título de concesión.
El 31 de mayo pasado, la Profepa fijó sellos de clausura en el sitio donde se ejecutan las obras y actividades relativas al proyecto Cosmo Condominios.
Posteriormente, derivado de una visita de verificación se constató que la empresa continuó con las obras y actividades, sin haber obtenido la autorización a la que quedó condicionado su levantamiento.
El procedimiento administrativo confirmó la sanción impuesta; sin embargo, fue impugnada por la empresa, cuyo resultado fue considerada la nulidad, con el propósito de reponer el procedimiento, con lo cual la autoridad se allegaría de mayores elementos probatorios y dilucidar así, el fondo del asunto.
Los efectos de la nulidad no establecen el levantamiento de la clausura impuesta por esta autoridad como medida de seguridad, sino para que se emita una segunda resolución, con más elementos de prueba, para determinar si existe la infracción.
No obstante, el apoderado legal entregó a los inspectores los sellos de clausura, bajo el argumento que se desprendieron del sitio en que fueron colocados por las condiciones climáticas del lugar, además de que no tenían razón de ser, ante la resolución de nulidad.
Esta autoridad ordenó fijar nuevamente los sellos de clausura en el lugar donde se llevan a cabo las obras, hasta en tanto se emita la nueva resolución administrativa en la que se determine la situación jurídica de dicha clausura, ya que continúa subsistente como medida de seguridad impuesta.
Sin embargo, el representante de la desarrolladora impidió el acceso al personal de Profepa para colocar los sellos de clausura, lo cual configura lo establecido en el artículo 178 del Código Penal Federal, que menciona que quien, sin causa legítima, desobedeciera un mandato legítimo de una autoridad diferente a la judicial.
La medida de seguridad en comento será levantada hasta que la empresa obtenga y exhiba ante la Profepa la autorización en materia de impacto ambiental emitida por la Semarnat.
Con las acciones que inicia la Procuraduría ante el Ministerio Público Federal, se busca modificar la responsabilidad penal ambiental en el ámbito federal, para que se sancionen a los autores materiales y a los directivos de las empresas que cometan delitos que atentan contra el ambiente y la gestión ambiental, y con ello garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano.





