De 200 organizaciones sociales, solo 20 son reconocidas por el gobierno del estado

Diálogos Oaxaca

De acuerdo con el secretario de gobierno, José de Jesús Romero López, informó que son 200 organizaciones sociales las registradas por el gobierno estatal, de las cuales sólo 20 están legitimadas y provienen de la lucha social, las restantes 180 son fragmentaciones de ellas y que están basadas en el beneficio económico.

En “La Mañanera” de este lunes, fue abordado el tema de las organizaciones sociales a pregunta de representantes de los medios de comunicación, a lo que la respuesta gubernamental se avocó a reiterar que se acabaron los “chantajes” y “techos financieros” para las organizaciones sociales en Oaxaca.

En una primera instancia, se informó que se ha estado en pláticas con las organizaciones sociales, a quienes se les trata de explicar que es otro modelo de gobierno y es otro modelo de atención, toda vez que ya se acabó el chantaje, los techos financieros que se otorgaban.

Como ejemplo de lo que era la entrega de recursos a las organizaciones, se puso de manifiesto que a Antorcha Campesina se le otorgaban 200 millones de pesos anuales; dinero que era tirado al caño de la corrupción y que a partir de ahora no se va a permitir.

Se reconoció que las organizaciones sociales siempre han luchado por tener mejores condiciones en las comunidades, en salud, en educación; por lo que se irá de la mano con el propósito del gobierno, por lo que se les quiere plantear es que “caminemos juntos” para que se termine con el rezago social y deuda histórica que han en las comunidades.

En este sentido se dejó en claro que se trabajará con todos “donde nos lo digan” y serán responsables de ver los resultados de una lucha social en beneficio de las comunidades, porque es la lucha del gobierno y lo que se quiere es que sea coordinada.

Al tiempo que se resaltó que esta lucha sería muy bien vista por la sociedad, el trabajar en conjunto, invitándolos a terminar con la deuda histórica que se tiene con el estado, como lo es el analfabetismo.

Por otra parte, se dijo que se inventaban membretes de las organizaciones sociales con la finalidad que la entonces secretaria general de gobierno y su titular tuviera condiciones de recursos o condiciones políticas, las cuales hoy se acabaron y no se practican este tipo de cosas.

En este sentido se puntualizó que se recibió de la administración anterior un aproximado de 200 organizaciones sociales y productivas, algo extraoficial, toda vez que no se tuvo acceso a este documento que  ha pasado a ser parte de las observaciones que se han hecho, toda vez  que para poder tener una política de gobernabilidad se requería de la continuidad de la información.

Es así que al día de hoy de estas 200, solo 20 organizaciones en Oaxaca están plenamente legitimadas, gente que ha luchado por la democratización de la vida pública del estado, organizaciones han luchado por el derecho de la educación, por la mejora del campesinado, que defienden banderas sociales indígenas.

De ahí, las 180 restantes, se comentó, son derivaciones o fracturas de estas organizaciones que ya tienen  una tendencia de gestión social basadas en beneficios económicos o en perspectivas de constructoras, de negocios, de consolidar pequeñas bases sociales mínimas para justificar la exigencia de recursos a los gobiernos.

Lamentablemente se tuteló y hoy se plantea a todas ellas que el modelo de atención y concertación será a través de programas sociales establecidos y si están en los territorios que se establecen con las reglas de operación podrán  tener acceso y los beneficiarios serán directos.

“Seguramente a muchos no les va a gustar y los vamos a tener aquí, algunos movilizados, algunos protestando, pero consideramos que siendo con claridad honestos, no se puede seguir en esa dinámica de reconocer a 180 grupos como organizaciones sociales”.

Finalmente se informó que se ha platicado con 20 organizaciones de manera directa, muchas de ellas con más de 30 o 40 años de lucha política social  en el estado de Oaxaca y que nadie puede negarles su reconocimiento a la aportación histórica a la transformación del estado.