Diálogos Oaxaca
Integrantes del Consejo directivo y coordinación de Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) se pronunciaron en torno al conflicto territorial entre las comunidades de Santo Domingo Petapa y San Juan Mazatlán, el cual consideraron no ha regresado a la normalidad como lo han declarado las autoridades del gobierno del estado.
En documento que circularan vía redes sociales, la organización reconoce que las comunidades de Loma Santa Cruz, Los Valles y Rancho Juárez del municipio de San Juan Mazatlán, ubicadas en la zona de conflicto, no cuentan desde hace 16 meses con energía eléctrica ni con servicios escolares y tampoco cuentan con atención médica.
De la misma manera refieren que aun permanece impune el asesinato de Porfirio Bautista Domínguez, comunero ayuujk de San Juan Mazatlán, ocurrida al calor del conflicto en el año de 2023.
Por ello es que a través de este medio expresan su preocupación por el trato brindado por la Secretaría de Gobierno (SEGO) del estado de Oaxaca, ya que al momento de denunciar la emboscada, negaron la existencia de la misma y al día siguiente engañaron a los familiares de las tres personas asesinadas en el sentido de que se acompañarían el traslado de los cadáveres hasta la comunidad de San Isidro Platanillo.
“Es falso que UCIZONI, en su comunicado del pasado 14 de febrero y en otros documentos emitidos, haya requerido de la militarización de la zona en conflicto, al contrario, nuestra organización ha denunciado en diferentes momentos como la militarización ha sido impuesta porcel gobierno en la región del Istmo de Tehuantepec.
Asimismo expresan que la intimidacion y amenazas persisten en la zona e incluso han alcanzado a los abogados de la UCIZONI, por lo cual las oficinas de la organización han sido cerradas de manera temporal.
Por lo antes expuesto señalan que esperan que las declaraciones hechas por el secretario de gobierno, José de Jesús Romero López y el fiscal general del estado de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, en el sentido de que serán castigados, se cumplan y los responsables de los homicidios no queden impunes.
“Demandamos que no queden impunes los asesinatos de Porfirio Bautista Domínguez, Wilfrido Atanacio Cristóbal y Victoriano y Abraham Quirino”.
Al mismo tiempo se suman al reclamo para que se reestablezcan los servicios de energía eléctrica, educación y salud en las comunidades de San Juan Mazatlán ubicadas en la zona en conflicto.
En este mismo sentido consideran que es necesaria la instalación de una mesa de diálogos con autoridades agrarias de la federación con el fin de buscar una solución al conflicto.
“Reconocemos el papel jugado por la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca y denunciamos la omisión manifiesta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, misma que a 11 días de haberse agudizado el conflicto, aún no lo ha atendido”.
También condenaron la estigmatización y descalificación hacia la UCIZONI, como también a las organizaciones sociales y de derechos humanos que hacen de manera recurrente los funcionarios gubernamentales, ya que solo los casos de Irma Galindo, Claudia Uruchurtu y Sandra Domínguez demuestran que las víctimas de las agresiones las ponen la sociedad civil y no los funcionarios que atienden en el palacio de gobierno.
Finalmente solicitan una audiencia a la Secretaría de Gobernación federal y al gobernador de Oaxaca, para que más allá del discurso de privilegiar el dialogo, este se cumpla y sea realizado.
