Diálogos Oaxaca
Con la finalidad de fortalecer las sanciones previstas en el Código Penal del Estado y establecer una agravante cuando en la comisión de este delito participe un servidor público o notario público, el pleno del legislativo local aprobó iniciativa en materia de falsificación de documentos públicos y privados, propuesta presentada por la diputada presidente de la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia, Analy Peral Vivar.
La propuesta plantea que la falsificación de documentos públicos o privados sea sancionada con una pena de cuatro a ocho años de prisión, además de una multa de 500 a 1,000 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
La iniciativa parte de la necesidad de fortalecer la protección de la fe pública, la seguridad jurídica y el patrimonio de las personas, debido a que la falsificación de documentos puede utilizarse como medio para cometer otras conductas ilícitas y generar afectaciones que van más allá de la alteración de un documento.
Dentro de los motivos que llevan a su implementación se ha señalado que este tipo de conductas pueden afectar particularmente el patrimonio de las familias, sobre todo cuando se encuentran relacionadas con documentos públicos, instrumentos notariales o registros oficiales utilizados para acreditar derechos sobre bienes.
También se advierte que, para las personas afectadas, revertir los efectos de una falsificación puede representar años de procedimientos legales y gastos económicos, generando situaciones de incertidumbre e indefensión frente a quienes utilizan documentos falsos para obtener algún beneficio.
Con la aprobación de esta iniciativa se fortalece el marco penal en esta materia y establece sanciones más severas para una conducta que puede utilizarse como instrumento para afectar derechos y patrimonio.
