Diálogos Oaxaca
Ciudadanos, trabajadores y profesionales de la salud, insisten nuevamente sobre la crisis que enfrenta el sector salud en el estado, donde el nepotismo, la corrupción y la negligencia agravan aún más la problemática, la cual pone en riesgo la vida de miles de oaxaqueños.
A través de redes sociales, los denunciantes exponen algunos hechos que registran, como el caso de Elia Martínez Sánchez, quien señalan fue impuesta como Coordinadora de Jefes Jurisdiccionales, una figura clave para el buen funcionamiento del sistema de salud estatal. Sin embargo, su falta total de formación médica, carencia de experiencia, y actitudes autoritarias han dañado severamente las estructuras de atención en salud.
A pesar de sus pésimos resultados, Elia Martínez Sánchez fue “premiada” con un nuevo cargo, como Coordinadora Estatal de Servicios de Salud del IMSS Bienestar, donde nuevamente ocupa un cargo sin la más mínima preparación técnica, aducen, “lo que agrava aún más la situación institucional”.
Otro caso del nepotismo descarado que se registra en el Sector Salud de Oaxaca, es el de la Doctora Gabriela Lázaro Mendoza, quien ha sido nombrada como nueva Coordinadora de Jefes Jurisdiccionales solo por ser amiga personal de Elia Martínez Sánchez.
La doctora Gabriela Lázaro Mendoza ha demostrado una alarmante falta de liderazgo y conocimiento, al desconocer los procesos elementales de salud pública.
“No toma decisiones propias, simplemente obedece órdenes sin criterio técnico, además de permitir decisiones arbitrarias que ignoran el bienestar de la población, priorizando intereses personales.
FOCO ROJO
Por otra parte, califican como “Foco Rojo” a la Jurisdicción Sanitaria Número 1 de Valles Centrales, siendo esta dependencia una de las más importantes del estado y la cual vive su peor crisis en años.
En este sentido deducen que el actual jefe jurisdiccional Ramiro López Lucero fue colocado por recomendaciones políticas. Carece de liderazgo, de compromiso con el personal y actúa como un títere; sin capacidad de decisión ni valor para defender a sus trabajadores.
Tan es así que ha dado muestra de acciones cuestionables, como el haber removido a personal capacitado para colocar a “cuates” sin perfil, cuya única función es justificar comisiones falsas y desviar recursos.
Ramíro López Lucero se encuentra vinculado a manejos opacos en el programa de Brigadas Territoriales, cuya operación hoy está en riesgo por mala gestión, además de que actúa bajo instrucciones externas sin criterio profesional, junto con su administradora Irma Villegas.
Ante ello delegados sindicales corruptos controlan las decisiones, bloquean cambios y protegen intereses personales por encima del servicio a la comunidad.
Además de que López Lucero llevó como asesora a su pareja sentimental, quien no tiene preparación ni conocimiento del sector salud.
Todo ello se concluye en acusaciones graves como es el acoso laboral y hostigamiento constante contra personal de salud, especialmente mujeres; reasignaciones arbitrarias que afectan operatividad de centros de salud y la moral del equipo, además de que se han dado campañas de desprestigio contra personal con trayectoria, como el caso reciente de la Dra. Fabiola Corres.
Otros actos de corrupción en Jurisdicción número 1 son el desvío de recursos en insumos y combustible; se reportan gastos que no se reflejan en el funcionamiento real de las unidades. Existe manipulación de bitácoras y registros para justificar supuestos recorridos, viáticos y reuniones inexistentes.
De igualmente existe la contratación de personal fantasma, que solo cobra sin presentarse a laborar, la simulación de operativos y campañas de salud, con informes falsos para aparentar cobertura; además de negligencia en la respuesta a brotes epidemiológicos, por decisiones lentas e improvisadas.
Con ello concluyen que el doctor Ramiro López Lucero no resuelve absolutamente nada. Todo lo remite a sus subordinados, se esconde tras sus “asesores” y actúa sin liderazgo. “Es un funcionario de nivel 1 que debería regresar a donde estaba, donde su único mérito era no hacer nada”.
Otro pendiente que trae consecuencias para la población, dicen los denunciantes, son el desabasto de medicamentos e insumos; Centros de Salud sin médicos ni personal capacitado; pacientes sin atención oportuna; enfermedades sin control y total desconfianza en el sistema de salud estatal.
Por ello exigen al gobernador Salomón Jara Cruz, así como al Secretario de Salud la investigación inmediata a la gestión de Elia Martínez Sánchez, Gabriela Lázaro Mendoza, Ramiro López Lucero e Irma Villegas; además de que piden la remoción de todos los funcionarios incompetentes y corruptos y la restitución de personal capacitado con verdadera vocación de servicio.
Asimismo piden auditorías transparentes en todas las jurisdicciones, la protección a trabajadores de salud que han sido víctimas de acoso y represalias; la garantía del abasto de medicamentos, material e insumos y la reconstrucción de la operatividad de las unidades médicas del estado.
