Diálogos Oaxaca
Víctimas de probable delito de despojo, piden la intervención del Gobernador Salomón Jara Cruz para que se haga efectiva la recomendación que emitiera la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) en contra de Jesús Castellanos Aguilar, Agente del Ministerio Público del Sistema Adversatorio, adscrito a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción y quien desde el 2021 obstaculiza la judicialización del proceso en contra de integrantes de una "red del cártel del despojo" en el municipio de San Lorenzo Cacaotepec y su Agencia de Santiago Etla.
Las víctimas que presentan documentación obtenida a través de una investigación personal que realizan, señalan los pormenores de esta problemática que han venido enfrentando y en el cual aparecen involucrados algunos sindicatos.
En el certificado que emite la DDHPO el pasado 1 de Diciembre del presente año, a través del defensor adjunto adscrito a la Dirección de Peticiones y Quejas, Damián Modesto Luna Méndez, se expone que la víctima que ante él comparece, manifestó que su queja en contra del licenciado Jesús Castellanos Aguilar, Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción, es en razón que desde el 14 de Abril de 2021, la compareciente inició la carpeta de investigación 205/FEMCCO/2021 y a dos años de la misma ésta no ha sido judicializada.
La afectada, quien dentro de la carpeta de investigación citada aparece como víctima, señaló que en diversas ocasiones ha acudido a la fiscalía y el licenciado Jesús Castellanos Aguilar, le dice que la carpeta se encuentra en revisión.
Por esta razón solicita la intervención de la DDHPO para que se investigue el actuar del licenciado y porqué ha transcurrido mucho tiempo sin que el representante social determine sobre la carpeta de investigación.
En este sentido, la afectada comentó que ha sido víctima de una red del llamado “cártel del despojo” que opera en la agencia municipal de Santiago Etla, perteneciente al municipio de San Lorenzo Cacaotepec.
Expuso que ante la colusión existente entre autoridades, es que inició de manera particular una investigación que la ha conducido a establecer que la afectación a sus derechos de propiedad, tiene un interés particular entre quienes estuvieron al frente de la administración municipal.
