La Comisión Iberoamericana de Derecho Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA) solicita que sea llamado a juicio el expresidente Enrique Peña Nieto, por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ante las conclusiones que dio a conocer el informe presentado por la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, el pasado jueves 18 de agosto, donde la investigación reveló que se trató de un CRIMEN DE ESTADO en el que se involucraron integrantes de grupos delictivos y agentes de diversas instituciones estatales.
El jueves 18 de agosto, durante la conferencia de prensa el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración del Gobierno de México, Alejandro Encinas dijo que las autoridades a nivel municipal, estatal y federal tuvieron conocimiento de la movilización y desaparición de los estudiantes, pero hicieron caso omiso de lo sucedido.
Los hechos ocurrieron el 26 de septiembre de 2014, donde 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa desaparecieron en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, cuando se dirigían a una protesta en Ciudad de México en conmemoración de la tragedia estudiantil: la masacre de Tlatelolco de 1968. Han transcurrido 8 años y aún se desconoce su paradero.
Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, se dieron a conocer los supuestos hechos ocurridos con los estudiantes, sin embargo, esto se trató de una acción organizada del aparato de poder que encubrió la verdad de lo sucedido, alterando escenas del crimen, ocultando la participación y vínculos de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y responsables de la procuración de justicia con el grupo delictivo, en la desaparición de los estudiantes.
Es por ello que la CIDHPDA exige al gobierno de la 4T, esclarecer los hechos y castigar a aquellos que hicieron caso omiso o encubrieron este crimen, sin importar su cargo; así como solicitar a las autoridades correspondientes, sea revisado a fondo este CRIMEN DE ESTADO, que ha violentado los Derechos Humanos.
VIOLENCIA EN COLIMA
Por otra parte, la CIDHPDA exhortó a la gobernadora del estado de Colima Indira Vizcaino Silva y al secretario de seguridad publica Manuel Llerandi Ruiz a proteger y garantizar los derechos humanos de los habitantes del estado de Colima, quienes se han visto envueltos en una ola de violencia provocadas por el crimen organizado.
A través de redes sociales se difundieron imágenes de la detención del líder de la célula criminal derivada del Cartel Jalisco Nueva Generación, José Bernabé Brizuela, alias La Vaca, el pasado jueves 18 de agosto, desató una ola de violencia en el estado de Colima, en la que habitantes de dicho estado vivieron quema de vehículos, bloqueos, balaceras y ataques a comercios.
Colima ha sido territorio de disputa de distintos cárteles en los últimos años derivado de conflictos entre integrantes del narcotráfico debido a que en su territorio se sitúa el puerto de Manzanillo, un punto de entrada estratégico para el transporte de drogas.
De enero a julio de este año, el Estado ha registrado 516 homicidios, un incremento de un 36% respecto al mismo periodo de 2021, según las cifras de la Secretaría de Gobernación.
La CIDHPDA hace un llamado a las autoridades del estado de Colima, así como al Gobierno de la 4T a no eludir las cifras y a frenar la violencia, no solo en Colima, sino en todo el territorio nacional, con el fin de proteger y garantizar los derechos humanos.
