El mundo del trabajo muestra claroscuros: Por un lado, una recuperación económica y del empleo aún lenta e inercial, con desempleo que todavía afecta a 10 millones de personas, 2.6 millones más que al inicio de 2020; con pérdida de trabajos mejor pagados, 1 millón 960 mil menos respecto al inicio de la pandemia1 y aún 32 millones de personas trabajando sin ingreso suficiente para superar el umbral de pobreza, con una situación un poco más grave para mujeres y para jóvenes.
Y por otra parte, se empieza a mostrar una incipiente mejoría de algunas condiciones de trabajo para alrededor de 500 mil trabajadores, respecto a la afiliación a la seguridad social, a la contratación estable y a prestaciones. Esta cantidad podría subir aún más en los próximos meses, pues estos cambios menores, pero ya significativos, podrían ser apenas los primeros impactos positivos de la reciente reforma que prohibió la subcontratación abusiva (outsourcing), lo cual muestra la importancia y el impacto positivo de aplicar la ley y garantizar derechos laborales como base de un nuevo modelo económico incluyente y equitativo.
Los indicadores del Observatorio de Trabajo Digno confirman la importancia de avanzar aún más y más rápido en reordenar el sistema laboral y económico para colocar los derechos laborales y la recuperación gradual del salario en el centro del impulso a la recuperación económica, especialmente acelerando la aplicación de la reforma laboral y con un nuevo incremento sustantivo para la recuperación del salario mínimo.
Los datos de nuestro 10º reporte del Observatorio de Trabajo Digno2 confirman la necesidad urgente de equilibrar los factores de la producción para que México pueda crecer de manera sostenida impulsado por el potencial del mercado interno fortalecido por la mejora salarial de las mayorías, de tal manera que el crecimiento no solo dependa de las exportaciones.
Un nuevo equilibrio que pueda armonizar la competitividad y el incremento de la productividad con la mejora de las remuneraciones, de las condiciones del trabajo y sobre todo en el respeto a derechos laborales garantizados en la ley.
Las incipientes mejoras en los indicadores de contratación estable, derecho de negociación colectiva (afiliación sindical) y acceso a prestaciones que muestran los datos laborales más recientes deben ser el inicio del cambio, hasta que sean la norma práctica vigente generalizada y se elimine no solo la subcontratación abusiva (outsourcing), sino todos los modelos de negocios basados en violaciones al derecho laboral.
Los indicadores muestran también la importancia de debatir y acordar una ruta para una reforma de gran calado para eliminar los incentivos a la informalidad y así superar la exclusión de millones de personas de los beneficios de la seguridad social: acceso a servicios de salud; estancias infantiles; pensiones por incapacidad, maternidad y edad avanzada; ahorro para el retiro y fondo para vivienda. En pocas palabras, se reafirma la necesidad de transitar de un modelo de seguridad social condicionado y excluyente a un sistema universal de salud y protección social, como derecho de todas las personas y ya no más vinculado como prestación laboral.
En lo más urgente, el Observatorio de Trabajo Digno, muestra la importancia de avanzar en la recuperación gradual del salario mínimo, para alcanzar un monto suficiente para quien trabaja y una persona, con una cantidad suficiente al menos para cubrir dos canastas básicas en 2024, esto es dentro de 3 años. Para lo cual, el incremento del salario mínimo para 2022 a ser aprobado por Conasami en las próximas semanas, requiere cumplir al menos dos criterios: usar como porcentaje de referencia el incremento del costo de la canasta básica (y no solo el índice general de precios al consumidor), y añadir al menos 25 pesos como monto de recuperación (MIR), aplicable únicamente al salario mínimo.
Algunos indicadores del 10ª reporte del Observatorio de Trabajo Digno de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza con datos oficiales del INEGI para el 2º trimestre de 2021 (disponible en https://frentealapobreza.mx/observatorio-de-trabajo-digno/) muestran resultados con claroscuros, con persistencia de altos niveles en desempleo, ingreso insuficiente, falta de seguridad social, y mejoras leves iniciales en condiciones laborales como prestaciones, contratación estable y capacidad de negociación colectiva mediante la afiliación sindical:
1. La recuperación económica es lenta e inercial, aún mantiene a 10.3 millones de personas desempleadas. El desempleo afecta principalmente a mujeres y jóvenes.
Datos base indicador de desempleo:
● Aunque el número de personas desempleadas se ha ido reduciendo, pues llegó a 22.1 millones en abril de 2020 y a 21.6 millones en mayo del año pasado, aún hay 10 millones 339 mil personas desempleadas a mediados de este año.
● Son 2 millones 597 mil personas desempleadas más que antes del inicio de la pandemia. Es un incremento de 34%.
● El índice de desempleo se ubica en 15.8%; antes de iniciar la pandemia era 12.3%. La tasa de desempleo es mayor para las mujeres (21.3%) y para jóvenes (20.3%).
● En total, son 5 millones 854 mil mujeres desempleadas, hay 1 millón 230 mil más que a inicio de 2020. Es un incremento de 27%
● En total, son 3 millones 845 mil jóvenes en desempleo, hay 489 mil más que antes de iniciar la pandemia. Es un incremento de 15%
2. La lenta recuperación económica aumentó también la subocupación, 7.3 millones de personas trabajan “a medias” y por tanto ganan menos que antes.
Datos base indicador de subocupación:
● La pandemia también incrementó la subocupación, pues en abril de 2020 se elevó a 11 millones de personas y en mayo subió aún más hasta 13.1 millones. Actualmente quedan 7 millones 332 mil personas trabajando a medio tiempo (subocupadas)
● Son 2 millones 647 mil personas subocupadas más que antes del inicio de la pandemia. Es un incremento de 56% respecto al primer trimestre de 2020.
● El índice de subocupación se ubica en 13.3%; antes de iniciar la pandemia era 8.5%
3. La recuperación económica lenta e inercial también aumenta la desigualdad pues hay 2 millones de personas menos con remuneración suficiente y 32.1 millones de personas trabajan sin ingreso suficiente para superar la pobreza Datos base indicador de ingreso insuficiente
● Hay 32 millones 77 mil personas sin un ingreso laboral suficiente para adquirir dos canastas básicas. Su ingreso laboral no les permite superar el umbral de pobreza de quien trabaja y una persona más. Representan el 66% de las personas ocupadas.
● Son 1 millón 655 mil más que al inicio de 2020, antes de la pandemia. El incremento es de 5%.
● Entre las personas con trabajo asalariado el incremento es de 1 millón 211 mil personas más sin ingreso suficiente. 7% más que antes de iniciar la pandemia. En total son 19 millones 339 mil personas asalariadas sin ingreso suficiente.
● La tasa de mujeres sin ingreso suficiente es mayor al promedio: 74% de las mujeres ocupadas carecen de ingreso suficiente.
● La tasa de jóvenes sin ingreso suficiente también es más alta que el promedio: 70% de las y los jóvenes ocupados carecen de ingreso suficiente. Pérdida de trabajos de mejor ingreso
● A inicio de 2020, había 55 millones 352 mil personas ocupadas, a mediados de 2021 ya casi se ha recuperado esta cantidad, hay 55 millones 243 mil personas ocupadas. La diferencia ya es mínima: 109 mil menos.
● Sin embargo, la recuperación se concentra en trabajos de menor ingreso: Había 18 millones 665 mil personas con ingreso superior al costo de dos canastas básicas antes de la pandemia, ahora son solo 16 millones 705 mil. La diferencia es casi de 2 millones menos (1.960 millones de personas).
4. La “informalidad” excluye a 33.7 millones de personas de los beneficios de la seguridad social: servicios de salud, estancias infantiles, pensiones por incapacidad, maternidad, edad avanzada, fondo de ahorro para el retiro, fondo de vivienda. Pero hay una leve mejora respecto al inicio de la pandemia.
● Hay 33 millones 707 mil personas ocupadas trabajando sin afiliación a la seguridad social y sus beneficios: servicios de salud, ahorro para el retiro, etc. Son el 61.5% del total de la población ocupada.
● Respecto a la situación previa a la pandemia, hay una leve mejora, pues al inicio de 2020 había 34 millones 248 mil. Actualmente son 540 mil personas menos, trabajando sin seguridad social. El porcentaje en el inicio de 2020 era el 62.1% de la población ocupada.
● En las personas con trabajo asalariado, cuya afiliación es obligatoria por parte de quien les contrata, también hay una leve mejoría: 14 millones 839 mil sin seguridad social actualmente; eran 15 millones 163 mil antes de iniciar la pandemia. La tasa de trabajo asalariado sin seguridad social, baja de 42.3% a 41.8% de inicio de 2020 a la situación actual.
● Las mujeres presentan esta misma leve mejoría. La tasa de ocupación sin seguridad social para mujeres baja de 61.2% a 60.1%.
● Para los jóvenes, la reducción es solo en cantidad, pues hay menos jóvenes trabajando proporcionalmente, como vimos en el indicador de desempleo. 88 mil jóvenes menos, ocupados sin seguridad social que a inicio de 2020, pero su tasa sigue subiendo: era 61% antes de la pandemia y actualmente es 62.4%.
5. También hay leves mejoras en condiciones laborales de personas con trabajo asalariado, con reducción pequeñas en trabajos sin prestaciones (-3%), sin contratación estable (-3%) y sin afiliación sindical (-4%).
● Hay 12 millones 67 mil personas con trabajo asalariado sin prestaciones. Representan el 33.6% del total; 390 mil menos en esta condición que a inicios de la pandemia.
● Hay 18 millones 331 mil personas con trabajo asalariado sin contrato estable. Representan el 51.6% del total; 558 mil menos que al inicio de la pandemia, cuando la tasa de trabajo asalariado sin contrato estable era de 53%.
● Sigue siendo abrumadora la cantidad de trabajadores asalariados sin afiliación sindical: 29 millones 585 mil, el 86%4, y también son un poco menos que a inicio de 2020, en que eran 30 millones 871 mil, el 86.8% del total.
6. Se confirma la urgencia de la agenda de trabajo digno y de las propuestas para avanzar en un modelo laboral y económico que tenga el salario suficiente y los derechos laborales en el centro, como motor del crecimiento y la competitividad económica.
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, iniciativa creada con el respaldo de más de 60 organizaciones civiles de todo el país, reafirma la urgencia de lograr acuerdos en torno a la fórmula México sin Pobreza, presentada a mediados de agosto, a raíz del informe de medición de la pobreza de Coneval. (Ver: https://frentealapobreza.mx/mx-sin-pobreza2021/) Los acuerdos con la participación plural de actores políticos, económicos y de la sociedad civil deben impulsar cambios de fondo en el modelo laboral y económico para que la productividad y la competitividad de nuestra economía no esté basada en bajos salarios y trabajos precarios, sino al contrario, en trabajos con salario suficiente y con pleno respeto a derechos laborales.
También se confirma la urgencia del debate sobre la ruta para desvincular el acceso a servicios de salud del régimen laboral. La salud es un derecho humano, indispensable para todas las personas y no debe ser asimilado y financiado como si fuera una prestación laboral para quienes tienen trabajos “formales”.
Reiteramos las propuestas de cambio urgente que apuntan en el sentido señalado de la fórmula México sin Pobreza = Trabajo Digno + Sistema universal de salud y protección social.
Para mejorar los ingresos:
1. Aprobar un plan multianual para la recuperación del salario mínimo. La meta a 2024 es el monto para adquirir dos canastas básicas urbanas. Para 2022 hemos propuesto a Conasami un salario mínimo de 185.20 pesos diarios, que incluye un incremento de 35 pesos vía el Monto Independiente de Recuperación (MIR), más la compensación estimada del porcentaje de incremento de la canasta básica del año en curso (poco más de 6%), como porcentaje de referencia.
2. Legislar y reglamentar los “bono de productividad” y otras formas de remuneración extra, para que puedan compensarse como parte del reparto de utilidades. Y reglamentar el reparto para dar porcentajes mayores a quienes ganan menos (sin incrementar el porcentaje total actual).
3. Establecer una política de fomento de la economía social y solidaria que permita crecer a las empresas de propiedad colectiva del sector social. Crear condiciones legales y económicas que les permitan captar inversión, acceder a crédito, abrir nuevos canales de comercialización y contar con apoyos para la capacitación y la innovación.
4. Impulsar la inserción económica de jóvenes con mayores desventajas sociales, para lo cual hay que ajustar y mejorar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, conforme a las propuestas de la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno.
Para avanzar en el cumplimiento de los derechos laborales:
5. Acelerar la implementación de la reforma laboral y el cumplimiento de las cláusulas laborales del TMEC: los nuevos sistemas de justicia laboral y de conciliación, la legitimación de los contratos colectivos, la elección democrática de las dirigencias sindicales y la prohibición del outsourcing abusivo.
6. Sancionar ejemplarmente los modelos de negocios basados en violar derechos laborales.
7. Fomentar y facilitar la certificación voluntaria de empresas que adhieran al cumplimiento de estándares laborales nacionales e internacionales.
Para construir las piezas del sistema universal de protección social:
8. Cobertura universal de salud. Asignar presupuesto igualitario a los subsistemas de salud e integrar funcionalmente la atención primaria en salud entre los diversos subsistemas.
9. Aprobar la reforma constitucional para crear el Sistema Nacional de Cuidados y asignar un presupuesto suficiente para crear estancias infantiles y otros servicios de cuidados que permitan la participación laboral de mujeres.
10. Establecer una transferencia monetaria de emergencia para las personas que pierden su medio de sustento por emergencias como la pandemia.
