Francisco RAMÍREZ
Ante los nulos resultados presentados por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, ésta debería desaparecer o restructurarse por completo. El Sistema anticorrupción del Estado, representa una carga para el erario público, al ejercer de manera presupuestal más de 300 millones de pesos y no cumplir su objetivo, misión y visión para la cual ha sido creada; toda vez que hay hechos comprobados de corrupción entre servidores públicos y dependencias como Salud, Sinfra, Sadapa, entre otras.
Mientras el diputado local del Partido Morena, César Morales Niño, pone en la palestra a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, el Coordinador de Laboratorio de Estudios Universitarios de Transparencia y Combate a la Corrupción de la Universidad Autónoma Benito Juárez (UABJO), Adán Córdova, sostiene que a tres años que surgió el órgano autónomo, este ha carecido del presupuesto y los elementos necesarios para cumplir con su función.
Asimismo el integrante de Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción, apuntó que la Fiscalía, como del sistema nacional o estatal anticorrupción, no está el perseguir o atrapar corruptos, está en prevenir los hechos de corrupción, pero si hoy se tiene a las fiscalías en una balanza donde pesa más un sujeto que esté detenido, esto en un resultado tangible hacia el sistema, no es una correcta evaluación hacia el trabajo que se tiene.
Por separado, el abogado litigante, Ramsés Aldeco Reyes Retana, puntualizó al respecto que la Fiscalía Anticorrupción es un elemento indispensable dentro del engranaje jurídico para poder determinar y perseguir los delitos que se cometen por parte de servidores públicos y particulares; por lo que los asuntos que hoy manejan se resuelven conforme a derecho, por lo que consideró que hace falta que la ciudadanía coopere para presentar las pruebas necesarias para configurar delitos de corrupción.
Cabe resaltar que el Fiscal Especializado en Materia de Combate a la Corrupción del estado de Oaxaca, Jorge Emilio Iruegas Álvarez, para el ejercicio fiscal del 2021, solicitó al Congreso del Estado se le tomara en cuenta en el presupuesto de Egresos 2021.
En su momento denunció que el entonces fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez, lo dejó fuera del presupuesto de la dependencia, por lo que el presupuesto para el organismo era insuficiente, por lo que los cerca de 36 millones de pesos que recibió en este año representa menos del 5% que recibe la Fiscalía General de Oaxaca.
El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, se comprometió a que la Fiscalía Anticorrupción cuente con presupuesto propio y deje de depender económicamente de la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca; hasta hoy el anuncio sólo ha quedado en un intento, el cual se espera rinda frutos en el ya próximo presupuesto anual del estado.
“EL PETATE DEL MUERTO”
Para el representante popular, Morales Niño, quien en las últimas comparecencias de los titulares de las dependencias del gobierno del Estado ha denunciado en tribuna la corrupción que impera en las mismas, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, sólo ha servido como un órgano “faccioso y electorero”, como lo son otras dependencias.
“Ahí tenemos al mismo Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) quien amaga a los presidentes municipales o ayuntamientos donde existe un interés político por parte del gobernante en turno o su partido. A quienes obliga a que apoyen a sus candidatos y la mejor forma de ver esta situación, está en revisar a que ayuntamientos auditó la OSFE y que todos son municipios gobernados por la oposición y principalmente de MORENA”.
El morenista indicó que no ve ningún ayuntamiento del PRI que haya entrado en el programa anual de auditorías, “entonces, para eso sirven estas instancias del Sistema Estatal Anticorrupción y principalmente la Fiscalía. Sólo para iniciar sólo investigaciones contra los enemigos del sistema”.
Morales Niño no dejó de reiterar que la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, más que “un elefante blanco” es una carga para los oaxaqueños, sobre todo cuando ha sido un estado tan pobre con tantas necesidades y que se esté desperdiciando el recurso público en un órgano que no tiene el más mínimo resultado.
Indicó que no devuelven en un trabajo eficaz los recursos que se invierten y sí se roban quienes hoy se dicen “servidores públicos”, por ello, es que al no haber una razón de ser, es que se ha pronunciado en favor de desaparecer todo este Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, donde uno de los actores principales es la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción.
En este sentido y sólo para ejemplificar lo que el gobierno del estado en este Sistema Anticorrupción, el diputado local puntualizó que en la OSFE, se destinan más de cien millones de pesos, si se le suma el presupuesto de la Secretaría de la Contraloría, más el Concejo de Participación Ciudadana (CPC), la Fiscalía y el Tribunal de Justicia administrativa, “estaríamos pegándole a los 300 millones de pesos”.
ELEMENTO INDISPENSABLE
Como miembro de la sociedad civil, el abogado Aldeco Reyes Retana consideró como elementos indispensables a la Fiscalía anticorrupción, “un engranaje jurídico para determinar y perseguir los delitos que cometen los servidores públicos y particulares…
Asimismo, de manera particular, consideró que los asuntos presentados, “se han resuelto”, por lo que “no tengo nada que decir en contra de la fiscalía”, al tiempo que puntualizó que hace falta que la ciudanía presente las denuncias y coopere para presentar pruebas y en base de las facultades de la fiscalía presionar para que se resuelvan los asuntos denunciados.
Recordó que una responsabilidad, dentro del sistema nacional anticorrupción, es que la ciudadanía tenga mayores facultades y poder participar de manera activa para incidir en el combate a la corrupción.
INVESTIGACIONES EN TRÁMITE
De acuerdo con números que ofreciera el Fiscal Especial Anticorrupción, unas 108 investigaciones por presuntos actos de corrupción se han iniciado por parte del órgano constitucional autónomo, hasta el primer trimestre de este 2021, de igual forma, de manera promedio se tiene anualmente 750 denuncias.
Hasta marzo pasado, la Fiscalía Anticorrupción tiene un total de 2 mil 260 investigaciones en trámite de ese total, se ha logrado llevar ante un juez, 33 casos y se han determinado 1 mil 556 investigaciones.
El organismo tiene identificado que el 50% de los asuntos que se denuncian tienen que ver con temas municipales, donde están involucradas autoridades municipales, mientras el otro 50% corresponde a investigaciones en la administración pública estatal y con particulares.
Dentro de este segundo grupo se ha detectado que del 50% un 45 por ciento corresponde a la administración pública estatal y el otro 5% está relacionado con algún órgano público autónomo, comentó.
Como ha sucedido en todos los órganos de impartición de justicia, la pandemia frenó el aparato gubernamental y todas las suspensiones a plazos legales que se suscitaron planes de contingencia respecto a personal, la Fiscalía Anticorrupción mantiene un número consistente de investigaciones iniciadas de manera anual.
Cabe recordar que la Fiscalía es competente para conocer hechos relacionados con corrupción los que comúnmente se conocen peculado cohecho tráfico de influencias enriquecimiento ilícito, pero también conoce de cualquier otro delito en el que esté involucrado un servidor público o un particular y de los hechos se desprenda un detrimento de la administración estatal o municipal.
POCA INDEPENDENCIA
Para quienes integran la organización, Oaxaqueños Contra la Corrupción, el papel de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, ha sido limitada en la poca independencia que tiene al momento de realizar las investigaciones. Los excesivos lazos entre el actual Fiscal "Anticorrupción" y el Poder Ejecutivo hacen que se convierta en un "Fiscal Carnal".
Desde su designación como titular de la Fiscalía, Jorge Emilio Iruegas Álvarez, no ha ratificado su nombramiento y la corrupción que persigue, sólo son servidores de bajo calibre, evitando completamente a las "vacas sagradas" de la corrupción, las cuales han hecho su modo de vida el enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Como un órgano de la sociedad civil, esperan que las investigaciones que hacen en las dependencias estatales por contratación con empresas fantasma, se llegue con los cabezas que ordenaron las mismas y no con los servidores públicos de bajo nivel que ejecutaron la orden. Además de ello, piden que las investigaciones estén integradas perfectamente, para que no exista el velo de impunidad en las mismas.
SENTAR LAS BASES
En este sentido, el especialista, Adán Córdova, hace referencia que la fiscalía es uno de los siete jugadores del Sistema Nacional Anticorrupción y básicamente, el objetivo dentro de esta tercera etapa y posterior a la investigación y la sustentación de los procedimientos, es la sanción; por lo que la mayoría de los ciudadanos exige a la Fiscalía un resultado tangible, cuando se ha hecho énfasis en los ciudadanos que no se mide el combate a la corrupción en base al número de funcionarios públicos sancionados o detenidos
“Esto es un grave error que tenemos, porque dentro de las bases del sistema el primer objetivo es sentar las bases de coordinación, después genera políticas públicas, es decir, el primer objetivo del Sistema Nacional o Estatal, no está en perseguir o atrapar corruptos, está en prevenir los hechos de corrupción”.
Destacó que en el caso de la fiscalía anticorrupción del estado, se ha señalado, desde el principio de la gestión de Jorge Emilio Iruegas Álvarez, que no se tienen los recursos suficientes, que “son muy limitados” y por consecuencia, dentro del trabajo, a pesar que existen un número muy importante de carpetas de investigación, no se han concluido.
En este sentido dijo que aunado a ello se tiene un impacto económico que limita la participación de servidores públicos profesionales y obviamente la carga de trabajo es importante por cada ministerio público que cumple su labor en esta instancia.
De igual manera expresó que a partir del 2017, cuando legisladores aprueban la reforma del Sistema Estatal Anticorrupción, los resultados de la Fiscalía han sido mínimos ante las limitantes que se tienen, tanto en lo económico como de recurso humanos, por tanto las querellas y el seguimiento de estas investigaciones es lento.
Insistió que no sólo se tiene que evaluar un resultado en número, sino también una evaluación a las instituciones, que es lo que hace falta para fortalecerlas, siendo este uno de los principales ejercicios que se tienen pendientes.
“Esta ha sido una constante, una pelea que incluso, el fiscal anticorrupción ha señalado, que siguen pendientes los recursos para la fiscalía y que es pendiente que deja la presente legislatura del estado y que es la entrega de recursos para que la fiscalía pueda funcionar en términos profesionales, humanos y tecnológicos”.
Adán Córdova recalcó que en cuanto a las sentencias, que por ende deben de reflejar los resultados, también si se evalúa a la fiscalía en términos numéricos sería una “incorrecta” evaluación, pero es los que comúnmente se hace: “cuántos detenidos tiene, cuántas sentencias firmes se tiene” y por tanto este resultado “no es tangible” en Oaxaca, sobre todo cuando no se han dado los recursos necesarios a la fiscalía.
La politización del sistema, cuando partidos políticos han querido agenciarse la imposición de integrantes de la CVC, apuntilló que este matiz se vive no sólo el estado, se ve a nivel nacional, una situación que el obtener estos cargos honoríficos limita la participación ciudadana.
Si bien es un ciudadano el que participa, también es un especialista en esta materia y si queremos que el trabajo sea profesional, este debe de retribuir de alguna forma con una percepción económica.
Reiteró que en Oaxaca como el país, los partidos políticos y los políticos quieren secuestrar instituciones, por lo que a su consideración se deben generar métricas locales, de evaluación y saber cuándo las instituciones cumplen con su función y premiarlas y reconocerlas, pero también cuando las instituciones no funcionen, primer revisar cómo fortalecer y después de fortalecerlas, entonces, tomar la decisión bajo el poder facultado para ello, extinguirlas o modificarlas.
Finalmente apuntó que calificar en este momento a la Fiscalía Anticorrupción como un “elefante blanco”, ante estas limitantes que tiene, es una “calificación básica”, toda vez que parece no se conoce a la institución y conocer de sus carencias.
“Un elefante blanco si con todas sus facultades, datada de todos los recursos, no diera resultados. Pero parece que hoy se cuenta con una fiscalía que tiene funciones y facultades definidas, pero que no puede crecer ante la limitantes de recursos yes te problema del presupuesto pasa por un poder legislativo, por un poder ejecutivo que tiene que considerarlo”.
