Juan Carlos MEDRANO
La Cámara de Diputados local exhortó al Poder Ejecutivo investigue las acusaciones públicas hechas contra el Consejero Jurídico, Secretario de Seguridad Pública y el Comisionado de la Policía estatal a quienes se acusa de haber implementado un operativo violento contra el Tribunal de Tribunal Superior de Justicia Administrativa.
El presidente de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura local, diputado petista César Morales Niño recordó que el pasado jueves 15 de agosto, un grupo de magistrados integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa del estado, habían destituido al Magistrado Adrián Quiroga Avendaño, como Presidente de dicho Tribunal, argumentando malos manejos administrativos y presuntos actos de corrupción al intentar perpetuar al Magistrado Hugo Villegas Aquino como integrante del referido órgano jurisdiccional, sin seguir los procedimientos correspondientes.
Narró que ese mismo día, el grupo de magistrados que destituyó al presidente, sesionó de manera extraordinaria para designar a María Elena Villa de Jarquín como encargada del Despacho de la Presidencia del citado Tribunal.
Pero posteriormente el Magistrado Adrián Quiroga, dio una conferencia de prensa ostentándose aún como presidente del Tribunal, argumentando que su destitución no había sido valida.
Abundó que, en esa misma conferencia, acusó que, al momento de notificarle un oficio de carácter administrativo, el notificador llegó con elementos de la policía estatal, armados, sin ninguna orden superior, ni comunicación oficial que le notificara de la incursión de los elementos policiacos al recinto del Tribunal, señalando como autor intelectual de tal maniobra intimidatoria y de su destitución al Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo.
Recordó que las circunstancias administrativas actuales que vive el Tribunal, generan incertidumbre y falta de certeza jurídica entre la ciudadanía que recurre a solicitar los servicios de dicho órgano, ya que existe una magistrada que se asume como encargada del despacho de la Presidencia y un magistrado que se asume como presidente.
Ante ello, consideró urgente emitir un pronunciamiento, “ya que, de existir tal incursión policiaca en forma arbitraria, en el recinto Oficial del Tribunal de Justicia Administrativa, se está violentando su autonomía y la inviolabilidad de su recinto”.
Por esa razón, destacó, planteó exhortar al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, para que investigue las acusaciones públicas hechas contra el Consejero Jurídico, el Secretario de Seguridad Pública y el Comisionado de la Policía Estatal, de haber organizado, planeado, ordenado, ejecutado, tolerado o consentido actos relativos a la violación del recinto oficial del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, mediante la presencia de elementos armados de la Policía Estatal.
Asimismo, propuso exhortar a los magistrados y magistradas integrantes de dicho Tribunal para que resuelvan sus diferencias personales o administrativas, mediante los canales institucionales y eviten generar actos de desestabilización que trasciendan a la ciudadanía en general, o en su caso que renuncien para preservar el buen funcionamiento y armonía institucional del citado órgano jurisdiccional.
“Con tal exhorto se busca privilegiar y defender la autonomía del Tribunal, además se pretende cuidar sus principios rectores, ya que es un órgano jurisdiccional que forma parte del sistema estatal anticorrupción, y dentro de sus funciones esenciales esta proteger al gobernado de los actos administrativos abusivos emitidos por las autoridades, y ahora con el conflicto interno que impera en dicho Tribunal, la ciudadanía se encuentra en total estado de incertidumbre”.
Por otra parte, Morales Niño precisó que el Congreso de Oaxaca privilegia y respeta la vida institucional de dicho órgano, por ello exhortó a que los magistrados resuelvan sus diferencias en forma interna.
Aclaró que en caso de trastocarse “gravemente el interés público, este Poder Legislativo en uso de sus facultades Constitucionales podrá asumir una solución mediante medidas legislativas para restaurar el orden institucional, y dar paso a un nuevo Tribunal y nuevos magistrados con verdadera vocación de servicio a la ciudadanía.
Salvaguardando con ello, el interés público, el orden, el decoro y la ética judicial que el cargo de la magistratura reclama”.
