Diálogos Oaxaca
Frente a la construcción y posterior demolición de lo que se dijo sería el “Parque Lineal” del río Atoyac, la diputada del partido Movimiento Ciudadano, Alejandra García Morlán, cuestionó y no dejó de precisar que esta acción podrí estar generando un posible daño al patrimonio de las y los oaxaqueños.
Ante legisladores del Congreso local, la representante popular recalcó que “un gobierno que no cumple la Ley le cuesta a la democracia”, como también “un gobierno que improvisa le sale muy caro a Oaxaca”.
En este sentido recordó que semanas atrás el gobierno del estado anunció, “con bombo y platillo”, una más de sus llamadas “Obras Primavera”, misma que tendría un costo de 191 millones de pesos y que comprendería la primera etapa del “Parque Lineal” del río Atoyac, misma que contemplaba cuatro puentes peatonales, canchas de pádel y basquetbol, skateparks, ciclovía, trotapista y áreas recreativas.
Sin embargo, afirmó que hace apenas unos días “vimos cómo el crecimiento del cauce del río ponía en riesgo parte de esa infraestructura”. Como también cunado se señaló ese “craso error”, la respuesta oficial del gobernador Salomón Jara Cruz, fue “descalificar a quienes cuestionábamos”, diciendo que “no éramos expertos en la materia”; pero los hechos hablaron por sí solos.
Días después, una parte de un puente y un teatro al aire libre, que formaban parte del mismo proyecto, fueron demolido, por lo que hoy el cuestionamiento es inevitable: ¿Cuánto dinero público costó construir esas obras? ¿Cuánto costó demolerlas? ¿Quién tomó esas decisiones? ¿Y quién va a responder por ese posible daño al patrimonio de las y los oaxaqueños?
Ante la falta de respuestas, no dudó en reconocer que como legisladores tienen una obligación constitucional, la cual es fiscalizar el uso de los recursos público, como también la ciudadanía tiene un derecho irrenunciable que es saber en qué y cómo se gasta su dinero.
Por ello, recordó que desde mediados de junio solicitó a la Comisión Permanente de Infraestructuras de esta legislatura, la cual encabeza su homólogo Israel López Sánchez, una reunión con la titular de la Secretaría de Infraestructuras para conocer el proyecto, el presupuesto ejercido y, sobre todo, confirmar si la obra contaba con todos los permisos y autorizaciones correspondientes.
“Hasta hoy, no he recibido respuesta”.
Posteriormente, apuntaló, el 14 de julio solicitó directamente a la propia Secretaría de las Infraestructuras del Gobierno del Estado, una audiencia y un informe detallado del proyecto.
“Tampoco hubo respuesta. La única contestación que he obtenido ha sido de parte de la CONAGUA, cuyo titular me informó que el Gobierno del Estado cuenta con una
concesión y que actualmente realizan inspecciones para verificar si las obras se apegaron a los alcances autorizados.
Aunado a ello, puntualizó García Morlán, esa revisión, precisamente, genera aún más dudas sobre lo ocurrido.
Mientras tanto, ante estos despilfarros del gobierno estatal, puntualizó, en Oaxaca siguen faltando medicamentos en los hospitales; las escuelas enfrentan enormes carencias; hay comunidades enteras que continúan esperando agua potable, como también caminos e infraestructura básica.
Por eso, apuntilló, resulta inaceptable que casi 200 millones de pesos puedan terminar siendo un ejemplo de improvisación, opacidad y posibles irregularidades, sin que exista hasta hoy una explicación clara para la sociedad.
“Si la obra se ejecutó conforme a la ley, que se demuestre. Si hubo errores administrativos, que se expliquen. Y si existieron actos u omisiones que ocasionaron un daño al patrimonio público, que se investiguen y se sancionen.
Por ello, exhortó y al mismo tiempo solicitó a la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública que ejerza plenamente las atribuciones que la ley le confiere e inicie las investigaciones, inspecciones y procedimientos que correspondan para esclarecer los hechos y, en su caso, determinar las responsabilidades administrativas que procedan.
“No estamos pidiendo un favor al gobierno. Estamos exigiendo que las instituciones hagan el trabajo para el que fueron creadas. Oaxaca ya está cansada de que la ley se aplique de manera selectiva y de que el gobierno intente maquillar una realidad que todos vemos. En Oaxaca no puede normalizarse que el dinero público se desperdicie mientras miles de familias siguen esperando soluciones a sus problemas más urgentes”.
