Diálogos Oaxaca
Hace diez años, el Estado mexicano volvió a mostrar su verdadero rostro, el 19 de junio de 2016, en Asunción Nochixtlán, el gobierno federal de Enrique Peña Nieto y gobierno estatal de Gabino Cué Monteagudo, decidió responder con balas a la organización popular, lo que ocurrió aquel día no fue un operativo de seguridad, ni un intento por restablecer el orden público, como quisieron justificar quienes ocupaban el poder. Fue una masacre, fue terrorismo de Estado dirigido contra un pueblo que decidió resistir frente a la imposición de un proyecto neoliberal que buscaba destruir la educación pública y disciplinar a quienes históricamente han sostenido la lucha social en México: las maestras, los maestros de la CNTE, las comunidades y el pueblo organizado.
El gobierno de Enrique Peña Nieto creyó que podía imponer por la fuerza una mal llamada reforma educativa construida no para mejorar la enseñanza, sino para convertir la educación en mercancía y desmantelar los derechos laborales del magisterio. En Oaxaca, el gobierno estatal encabezado por Gabino Cué Monteagudo decidió colocarse del lado de la represión, traicionando la historia de lucha de un pueblo que jamás ha aceptado la subordinación frente al poder autoritario.
Aquella mañana en Nochixtlán quedó grabada en la memoria colectiva de nuestro pueblo, policías federales y estatales dispararon contra una población civil que defendía legítimamente sus derechos, resultado de ello seis compañeros fueron asesinados en Nochixtlán y uno más en las inmediaciones de Viguera, más de cien personas resultaron heridas, decenas fueron perseguidas y criminalizadas, pero además quedó expuesta una verdad que el sistema político mexicano ha intentado ocultar durante décadas: cuando los pueblos se organizan para cuestionar intereses económicos y estructuras de dominación, el Estado responde defendiendo privilegios, no derechos.
Nochixtlán no fue un hecho aislado, fue parte de una larga historia de violencia institucional contra quienes luchan desde abajo, México ha conocido demasiadas veces esta lógica criminal: Tlatelolco, Acteal, Ayotzinapa y Nochixtlán forman parte de una misma continuidad histórica: gobiernos que administran el poder al servicio de intereses económicos y utilizan la violencia cuando el pueblo decide rebelarse.
A diez años de distancia la deuda histórica sigue intacta: no hay justicia, no hay verdad, no existen responsables jurídica y políticamente sancionados proporcionalmente a la gravedad de los hechos, la impunidad continúa protegiendo a quienes ordenaron aquella agresión criminal. El sistema judicial mexicano, tan diligente para perseguir a quienes protestan, ha demostrado una vez más su lentitud cuando se trata de juzgar a quienes desde el poder asesinan al pueblo.
Pero el significado de Nochixtlán no pertenece solamente al pasado. Hoy México atraviesa una etapa política distinta a la de 2016, pero existen debates que nos obligan a mantenernos alerta, pues la concentración del poder, el crecimiento del papel militar en tareas civiles, la persistencia de megaproyectos impuestos sin consulta suficiente a comunidades y la criminalización de diversas resistencias territoriales nos recuerdan que ninguna transformación verdadera puede consolidarse si se continúa obedeciendo a los intereses del gran capital, por más populista que sea el discurso del Estado.
En Oaxaca lo sabemos bien; nuestra historia está escrita por la rebeldía colectiva, aquí nació una de las experiencias más profundas de organización popular en la historia reciente del país con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, aquí el magisterio democrático agrupado en la Sección 22 de la CNTE ha sostenido durante décadas una defensa ejemplar de la educación pública, enfrentando gobiernos autoritarios, campañas de desprestigio y persecución política.
Por eso recordar Nochixtlán no significa solamente rendir homenaje a quienes fueron asesinados, significa asumir una posición política frente al presente, significa entender que la democracia no puede reducirse al ejercicio electoral mientras continúe existiendo violencia estructural contra quienes luchan por transformar las condiciones materiales de vida de la sociedad.
A diez años de la masacre, nuestra responsabilidad es defender la memoria histórica como herramienta de lucha. Porque los pueblos que olvidan terminan aceptando nuevamente la opresión, porque quienes hoy gobiernan deben entender que ningún proyecto político puede reclamar legitimidad si tolera la impunidad frente a los crímenes cometidos por el Estado.
Desde Oaxaca debemos seguir levantando una convicción irrenunciable: jamás normalizaremos la represión contra el pueblo organizado, jamás aceptaremos que la violencia institucional se convierta en mecanismo para resolver conflictos sociales, jamás dejaremos de acompañar las causas de quienes luchan por educación pública, justicia, territorio, dignidad y autodeterminación de nuestros pueblos.
Nochixtlán sigue vivo porque la sangre derramada no fue derrota, fue semilla de resistencia y diez años después seguimos afirmando lo mismo que aquel pueblo enseñó al país entero en 2016: cuando el poder reprime, los pueblos responden organizándose y cuando la memoria permanece viva, ninguna masacre logra imponerse sobre la dignidad colectiva.
¡Ni perdón al poder represor, ni olvido para nuestros caídos, ni silencio frente a la impunidad! ¡A diez años de Nochixtlán: memoria, justicia y lucha popular!
Unidad Anticapitalista de Pueblos Organizados de Oaxaca UNAPO
