Urgen comisión para desaparecidos del EPR

Fuente y Foto: Reforma

Familiares de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya exigieron al Gobierno federal cumplir con la resolución judicial que ordena investigar y buscar a los activistas del Ejército Popular Revolucionario (EPR) desaparecidos el 25 de mayo de 2007, en Oaxaca.

En la puerta principal de Palacio Nacional, los inconformes demandaron al Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero no impugnar la determinación.

Sandino Rivero, abogado de los familiares, reprochó que desde hace 12 años la entonces Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía General de la República (FGR), fue omisa al no investigar de manera efectiva, seria e imparcial la desaparición de Edmundo y Gabriel.

El defensor solicitó a Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), fungir como enlace para que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la Fiscalía General acaten lo ordenado por la Juez Cuarto de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, María Dolores Núñez Solorio.

Explicó que la Comisión Especial de Búsqueda tiene que estar integrada por personas propuestas por los familiares, asesores jurídicos y por funcionarios de alto nivel.

"Esta determinación judicial es un precedente muy importante para el País", expuso el abogado.

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos demandó que se investigue, juzgue y sancione a los responsables materiales, intelectuales, facilitadores y beneficiarios de los crímenes y delitos de desaparición.

Además que se adopte medidas para garantizar la integridad de las víctimas, familiares, representantes, miembros de organizaciones de derechos humanos y sociales que acompañan el caso.

Una juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) crear una Comisión Especial de Búsqueda para localizar a Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, presuntos líderes del EPR.

María Dolores Núñez Solorio, Juez Cuarto de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, también ordenó abrir los cuarteles militares para facilitar la búsqueda de los restos de los eperristas, así como interrogar a los mandos del Ejército que estaban en funciones en 2007 en ese Estado.