Rechaza Comité de víctimas de Nochixtlán a la Guardia Nacional

Montserrat CASTELLANOS

Integrantes de la CNTE, el comité de víctimas del caso Nochixtlán y organizaciones defensoras de derechos humanos se pronunciaron contra la creación de la Guardia Nacional que impulsa el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

Santiago Ambrosio, del Comité de Víctimas por la Justicia y Verdad 19 de Junio (Covic), expuso que las organizaciones de víctimas no están de acuerdo con políticas públicas que perjudican a la sociedad.

Los activistas presentaron las conclusiones del Primer Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos que se realizó el pasado 19 y 20 de noviembre en Nochixtlán, Oaxaca.

Enfatizó que “Nosotros estaríamos de acuerdo que fuera una Guardia civil porque la Guardia Nacional lo que hace es institucionalizar el uso de los militares contra la población. La Guardia Nacional nos puede traer más agresiones del Ejército contra la población. No estamos de acuerdo".

A su vez, el padre Miguel Concha, del Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria", reprochó que la nueva corporación esté adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional.

“El encuentro se pronuncia en contra de la militarización de la seguridad pública. Nos llama mucho la atención que esta Guardia Nacional esté adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional", dijo.

El defensor de derechos humanos criticó que en el nuevo organismo los mandos pertenezcan a las Fuerzas Armadas.

“¿Por qué no se previó que los mandos fueran mandos civiles? ¿qué problema hay que efectivamente sean mandos civiles? ¿por qué la Guardia Nacional se tiene adscribir a la Secretaría de la Defensa? ¿por qué no se puede adscribir a una instancia de seguridad pública civil?", cuestionó el líder religioso.

Al Primer Encuentro Internacional de Defensores y Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos asistieron 500 defensores, víctimas y sobrevivientes de Alemania, Argentina, Colombia, Chile y Guatemala, así como de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Puebla, Veracruz, Estado de México, Sinaloa, Coahuila y la Ciudad de México.

Se detalló que la reunión tuvo como propósito impulsar la construcción de un proceso propio de justicia transicional que considere a todas las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el país.