Propone Marichuy Mendoza tabulador general para expedición de títulos profesionales en Oaxaca

Juan Carlos MEDRANO

Ante los cobros excesivos que realizan las universidades públicas y privadas por expedir los títulos profesionales, la diputada local panista, María de Jesús Mendoza Sánchez busca que el IEEPO regule los precios mediante un tabulador general.

Actualmente en Oaxaca cada universidad fija el precio que deberá pagar el recién graduado para obtener su título profesional, por lo que los costos oscilan entre los 20 hasta 40 mil pesos, según sea el caso.

Al respecto, la representante del Partido Acción Nacional (PAN), plantea que el Instituto de Educación Pública del Estado de Oaxaca (IEEPO), en coordinación con las Instituciones Educativas de Educación Superior, deberán elaborar un tabulador general que regule el cobro del título profesional; que en ningún caso excederá de un tanto más del importe de los derechos que se pagan por el servicio establecido en el artículo 185 fracción IV de la Ley Federal de Derechos.

La diputada local aseguró que las Instituciones de educación tanto públicas como privadas deberán respetar el monto establecido para el pago del título profesional, de acuerdo con el tabulador general que, para tal efecto, deberán de acordar con el Instituto de Educación Pública del Estado de Oaxaca dentro de los 90 días siguientes una vez que se apruebe por el Congreso de Oaxaca la aprobación del decreto.

Planteó que el Instituto de Educación Pública del Estado de Oaxaca tendrá 30 días naturales para publicar el tabulador y hacerlo de conocimiento al Congreso del estado de Oaxaca.

Asimismo, el Instituto de Educación Pública del Estado de Oaxaca, deberá de llevar a cabo el incremento anual, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Derechos.

Mendoza Sánchez precisó que, en el caso de la educación superior, muchas veces en la práctica se realiza un cobro excesivo por la expedición del título y demás documentación que certifica el grado académico de los egresados de la Universidad, imposibilitando muchas veces el que los mismos puedan pagarlos e inclusive consideren mejor no obtenerlos por el costo,

Ante esta situación que se presenta es importante entender que la obligación del Estado de velar por los derechos consagrados en nuestros distintos ordenamientos se cumplan y respecto del caso en comento no se vulneren los derechos de los jóvenes que buscan después de terminar sus estudios obtener los documentos que lo corroboren e integrarse al mundo laboral en vertientes público y privada, que contribuyen al desarrollo de la sociedad integrando profesionales capacitados para realizar las labores y proyectos, dijo.

Aclaró que, si bien es cierto, que en el nivel superior no se puede garantizar plenamente el acceso gratuito debido a las diversas vicisitudes que conlleva la impartición de educación universitaria para todos los aspirantes, también es cierto, que no se pueden establecer pagos que contradigan los principios que definen la educación pública como derecho en nuestra nación, por consiguiente el pago que tengan a realizar los estudiantes y sus familias por un servicio o tramite escolar no debe exceder los costos que ya vienen considerados en nuestras normas, en específico los considerados en la artículo 185 fracción IV de la Ley Federal de Derechos, donde se define el costo que tendrá la emisión del título y demás documentos expedidos a nivel superior que confirmen el grado académico.