Propone Marichuy Mendoza “blindar” contratación de deuda por parte del gobierno estatal

Juan Carlos MEDRANO

El Partido Acción Nacional en el Congreso de Oaxaca busca “blindar” la contratación de deuda, empréstitos o refinanciamientos por parte de cualquier instancia del gobierno estatal o municipal.

De acuerdo a la propuesta de la diputada local del PAN en la LXIV Legislatura local, María de Jesús Mendoza Sánchez se busca la conformación de un Comité que dirija los procedimientos de licitación en donde estén representados los Poderes Ejecutivo y Legislativo, con la adición de que también se propone incluir a representantes de la sociedad.

Argumenta que su propuesta de adicionar el artículo 25 Bis a la Ley de Deuda Pública para el estado de Oaxaca pretende que mediante este “Comité” se dirijan los procedimientos de licitación para la contratación de deuda pública.

La legisladora expuso que la contratación de deuda, empréstitos o refinanciamientos, por parte de cualquiera instancia de gobierno, sea federal, estatal o municipal, se ha convertido en un asunto de máxima importancia para la ciudadanía.

Consideró que el adecuado manejo de estos mecanismos permite la estabilidad en las finanzas de los entes gubernamentales, incidiendo en la estabilidad y desarrollo económico.

Explicó que “es por ello que los procesos para la contratación de estos mecanismos financieros siempre han sido una responsabilidad compartida, generalmente entre los poderes ejecutivos y legislativos. Con diferentes modalidades de contrapesos y control, en diversas reformas y leyes, tanto federales como locales en la materia”.

“Esa corresponsabilidad de las instancias ejecutivas y las legislativas en la importante determinación de contratación de deuda, financiamientos o refinanciamientos queda patente en la parte conducente de nuestra Carta Magna”, mencionó.

La Diputada de Acción Nacional manifestó que “lo que se pretende con el decreto que ahora se propone es que: se obtengan las mejores condiciones de mercado que ordena la Constitución Federal, mediante un procedimiento de licitación pública.

Asimismo, que este proceso sea transparente y consultable por toda la ciudadanía y que, al estar hablando, de una corresponsabilidad entre los poderes ejecutivo y legislativo, exista un Comité que dirija los procedimientos de licitación en donde estén representados ambos poderes, con la adición de que también se propone incluir a representantes de la sociedad”.

Finalmente agregó que “la presente iniciativa reglamenta de manera objetiva la obligación constitucional de obtener las mejores condiciones de mercado para la contratación de créditos o empréstitos. Obligación que ya existe, que es vigente y que por lo tanto amerita ser regulada debidamente”.