Poder Judicial de Oaxaca contra la trata de personas

A nivel mundial la trata de personas constituye el tercer delito más redituable, luego del tráfico de drogas y de armas, lamentablemente constituye una fuente de ingresos donde el respeto al cuerpo y la dignidad humana son nulos. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 80% de las víctimas de esta actividad ilícita son mujeres y niñas.

“En el caso de Oaxaca, el 52% de sus habitantes son mujeres y muchas de ellas pertenecen a alguna etnia indígena, además de ser un destino y paso obligado dentro de la ruta migratoria lo cual es aprovechado por organizaciones delictivas”, señaló en entrevista Sheila Sánchez López, jefa del Departamento de Igualdad de Género de la Dirección de Derechos Humanos del Poder Judicial del Estado (PJE).

Conforme cifras estadísticas de la Dirección de Planeación e Informática de este órgano judicial, del año 2018 al 20 de junio de 2019, dentro de los delitos más comunes por región, se tiene registro de 205 por trata de personas. Las regiones con más casos son los Valles Centrales, el Istmo de Tehuantepec y la Costa.

En este contexto, la funcionaria judicial señaló que cualquier persona puede ser víctima de este delito, ya que actualmente el crimen organizado se favorece de la popularidad de las redes sociales entre la población joven, así como de los beneficios que trae consigo el uso de estas plataformas.

De igual modo, apuntó que la trata de personas, dada sus características, no es posible comprenderla desde un solo enfoque, su definición se ha construido bajo distintas perspectivas, como: penal, derechos humanos, vulnerabilidad, movilidad humana y desde la perspectiva de género, por lo cual, a partir de la Reforma en Derechos Humanos del año 2011, se generó un marco referencial para el tratamiento de esta transgresión.

A un día de haberse conmemorado a nivel mundial la lucha contra la trata de personas, Sánchez López indicó que, para atacar el problema sobre la situación de las víctimas de tráfico humano, no solo es necesario reforzar la cultura de la denuncia por parte de las víctimas, sino generar conciencia en la sociedad para detectar y reportar conductas sospechosas a nuestro alrededor.

Asimismo, la titular del Departamento de Igualdad de Género, aseguró que el PJE, seguirá impulsando prácticas y políticas institucionales para garantizar la tutela judicial efectiva a las víctimas de este delito, desde la perspectiva de género y derechos humanos.