Personas privadas de la libertad tienen mayor riesgo ante la pandemia de COVID-19

Personas privadas de la libertad, familias y personal penitenciario en México tienen mayor riesgo ante la pandemia de COVID-19. Esta situación de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y autoridades federales, ha planteado importantes retos a los gobiernos mundiales para la preservación de la salud de la personas y la contención del virus; desde la implementación de medidas higiénicas como el lavado constante de manos y la utilización de gel antibacterial, la sugerencia de mantener una separación de un metro de distancia respecto de otras personas, la suspensión de actividades que concentren multitudes, el aislamiento, hasta el cierre de fronteras; representan medidas encaminadas a evitar la propagación del virus.

Las medidas enunciadas parecen viables para la gran mayoría de las personas, pero resultan ser complejas de implementar en los centros de reclusión de nuestro país, si consideramos que, de acuerdo con cifras del Diagnóstico Nacional del Sistema Penitenciario de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (2019) en el 63% de los centros de reclusión del país existen deficientes condiciones materiales, equipamiento e higiene de las áreas de dormitorios, en el 32.79% hay deficiencia en los servicios de salud, en el 33% de las prisiones hay sobrepoblación y el 32% hacinamiento. Dichas condiciones posicionan a las personas privadas de la libertad, a sus familias y al personal penitenciario en una situación de especial vulnerabilidad y riesgo ante la pandemia de COVID-19.

Por lo anterior, las autoridades de los tres órdenes de gobierno en nuestro país deben considerar en sus planes de emergencia al sistema penitenciario, destinando los recursos humanos y materiales necesarios para la atención de tan delicada situación.