Obtiene grupo de 5 triquis más de 1 mdp del Gobierno y quieren más

Juan Carlos MEDRANO

El gobierno de Oaxaca ha entregado entre 2017 y lo que va de este año, la cantidad de 1 millón 60 mil pesos a la dirigente de cinco indígenas triquis – 3 de ellos tienen carpetas de investigación abierta por tráfico de menores--, Lorena Merino Martínez, que continúa reclamando mayores apoyos económicos para ella y los desplazados de la comunidad de San Juan Copala.

Por si eso no bastará, ahora exige al gobierno de Oaxaca la entrega de un lote cuyo costo es de 5 millones de pesos donde pretende lotificar 40 espacios para entregarlos a sus seguidores, además de que el terreno sea urbanizado por la autoridad.

De acuerdo a documentos del gobierno de Oaxaca, cuya copia obra en poder del reportero, la administración estatal paga mensualmente 41 mil pesos por la compra de despensas que les son suministradas a las seis personas y que tan solo el año pasado representaron un gasto por el orden de los 492 mil pesos, mientras en lo que va del 2018, se han invertido 328 mil pesos para la compra de los alimentos, los cuales en ocasiones son rechazados por los indígenas por no ser de su agrado.

Aunado al pago de las despensas, el Gobierno de Oaxaca pagó durante 2017 la cantidad de 144 mil pesos a razón de 12 mil pesos mensuales por concepto de renta de un local comercial donde la media docena de personas supuestamente expenden artículos propios de su región.

Los 144 mil pesos se suman a los 96 mil pesos que de enero a la fecha ha pagado la autoridad gubernamental por la renta del espacio, lo cual arroja la cantidad de 240 mil pesos en un año y ocho meses.

Desde hace un mes, la “dirigente” Lorena Merino Martínez mantiene una protesta en una de las puertas laterales del palacio de gobierno, concretamente la ubicada sobre la primera calle de Flores Magón, para exigir mayores recursos para ella y sus representados.

Desde septiembre de 2011, la indígena triqui encontró en el chantaje y la protesta su modus vivendi, pues el 14 de septiembre de ese año, obligó a las autoridades gubernamentales, rentaran un hotel para que desalojara los corredores del palacio de gobierno en vísperas de la noche del grito de Independencia y del desfile conmemorativo a la fecha.

El grupo de la región triqui de San Juan Copala que encabeza Lorena Merino Martínez, le exige al Gobierno del Estado 40 lotes y recursos para construir viviendas, a pesar de contar solo con tres personas que cuentan con la medida cautelar emitida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En el sexenio de Gabino Cué Monteagudo, la CIDH, solicito al Gobierno Federal y Gobierno del estado las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de 76 miembros de la comunidad indígena triqui.

Una vez aceptadas las medidas cautelares, el Gobierno del Estado ha estado otorgando comida, casa habitación a cada uno de los beneficiarios.

Sin embargo, en el transcurso del tiempo se han adherido otras personas que dicen ser desplazados de la etnia triqui, sin haberlo comprobado ante Derechos Humanos.

La medida cautelar no establece que el Gobierno del estado debe de otorgarles una vivienda propia y lotes, solo que les debe de garantizar la vida y su integridad física.

 

No obstante, grupos de desplazados trinquis, han echado mano de tomas a oficinas gubernamentales.

El grupo de Merino Martinez, se ha caracterizado por ser el más violento por las constantes manifestaciones que ha realizado para exigir lotes y dinero.

Cabe destacar que tres de los simpatizantes y aliados de Merino Martínez, han sido denunciados por presunta trata de personas, según consta en la averiguación previa 1020/VI/2013, por Noemí Cruz Santiago. Los denunciados son Basilio Ramírez García, Agustín Ramírez García y Virgilio Ramírez García.