La política es así… por Lucio T. Cabrera

No aprobación de cuentas estatales, cortina de humo del Congreso de Oaxaca

El pasado martes 18 de septiembre, los diputados de la LXIII Legislatura del Congreso Local de Oaxaca aprobaron un decreto por el cual no se aprueban, es decir se rechazan las cuentas públicas estatales correspondientes a los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016 de los Poderes del Estado ¡ojo! No de Gabino Cué, sino las que engloban las auditorías practicadas a dependencias del Ejecutivo, al Poder Judicial y a los Órganos Autónomos del Estado, inclusive, en este dictamen se rechazó también la Cuenta Pública que integra el ejercicio del gasto correspondiente a los primeros 31 días de gestión de Alejandro Murat, es decir, al mes de diciembre del 2016.

Al respecto, es necesario precisar, primero, que esta es una decisión de carácter y alcance estrictamente político. Así pues, la expectativa generada en la opinión pública por el “gran trabajo” de los señores diputados esta vez –como suele ocurrir en Oaxaca- no se saciará con derramamiento de sangre.

Es importante señalar, primero, que la no aprobación de estas cuentas públicas carece de consecuencia legal alguna, toda vez que los legisladores omitieron prever en la Ley acciones legales vinculadas a este dictamen negativo, en cambio, las que presumen como posibles efectos de su decisión del martes pasado, es decir, los procedimientos de responsabilidad administrativa y penal (si hubiera lugar) ya se encuentran en curso como parte del trabajo que el Órgano Superior de Fiscalización del estado de Oaxaca, viene desarrollando dentro de sus funciones, y enfatizo: no tienen relación alguna con este dictamen, no existe un efecto vinculante entre la decisión política tomada el martes pasado y estos procedimientos.

También debe precisarse que la no aprobación de estas cuentas es resultado del trabajo de fiscalización de la entonces Auditoría Superior del Estado y de los informes que, en tiempo y forma, ésta rindió ante la Comisión Permanente de Vigilancia, los cuales inexplicablemente han sido dados de baja de los portales de transparencia del OSFE y del propio Congreso, y que para esos ejercicios arrojaron observaciones por más de 700 millones a los poderes del Estado.

Cabe señalar también, que si bien, la dictaminación de estas cuentas es un mandato de nuestra Constitución local, la omisión de esta responsabilidad correspondió a los representantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes durante ese periodo presidieron la Comisión Permanente de Vigilancia de la extinta ASE en persona de Adolfo Toledo, Alejandro Avilés y Gustavo Marín ¿por qué no lo hicieron?

Finalmente, la decisión política que ocupa estas líneas genera un clima de sospechosismo, pues pareciera la antesala de una posible aprobación fast track de la Cuenta Pública Estatal 2017 de Alejandro Murat, la cual en estricto sentido debiera ser estudiada y dictaminada por la próxima legislatura y la cual ha generado en la opinión pública serios cuestionamientos, entre ellos, el endeudamiento por 1.2 millones de pesos para atender la emergencia causada por los sismos de septiembre del 2018 y el nulo avance en los megaproyectos de infraestructura pública.

Así pues, nuestros diputados locales se han exhibido a sí mismos, aun cuando ya se espera poco de ellos…nos han vendido humo ¡Al tiempo!