Impunidad a once años de la masacre de Santo Domingo Ixcatlán

El  día treinta  de abril del 2008, en pleno centro de la  población  de Santo Domingo Ixcatlán,  Oaxaca,  fueron asesinados   el Secretario  de Bienes Comunales  Melesio Martínez Robles  y los comuneros Gustavo Castañeda  Martínez e Inocencio Medina Bernabé. El primero fue  descarnado sádicamente  de la cintura para abajo y el segundo quemado vivo en el interior de  su automóvil  y el tercero de un balazo  en la cabeza. Por tales hechos se inició el expediente penal 24/2008, en el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Tlaxiaco, Oaxaca, por el delito de Homicidio Calificado con Alevosía  y Ventaja. En el mismo  se libraron 16 órdenes de aprehensión en contra de Freddy Eucario Morales Arias, Artemio Jiménez Martínez, Longino Ramírez, Héctor García Martínez, Oscar Castro García, Antonio Sánchez Cruz, Jorge García Castro, Delfino Jiménez Bernabé, Adrián Castro Hernández, José Alexis García García, Norberto García Maldonado, Saúl García Martínez, Bulmaro García García, Erick Jiménez García, Héctor Jiménez García y Gloria García Martínez, y hasta el momento solo se han ejecutado 8.  El responsable del triple homicidio es Freddy Eucario  Morales Arias  y su grupo de paramilitares. Existen testigos presénciales de los hechos  y que señalan como responsable directo  al C. Freddy Eucario Morales Arias.

Por esos hechos el  19 de mayo del 2008,  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorga  medidas  cautelares  a favor  de  60 personas  familiares,  amigos y testigos de  Gustavo Castañeda Martínez, Melesio Martínez Robles e Inocencio Medina Bernabé  MC-113-08 México; El 6 de agosto del 2008 la CIDH dictó la ampliación de las medidas cautelares a favor de 117 personas más, donde le solicita al Estado Mexicano lo siguiente:

1)      Adopte las medidas necesarias para garantizar la vida  y la integridad física de 177 personas.

2)      Concierte las Medidas a adoptarse con los beneficiarios  y peticionarios.

3)      Informe  sobre las  acciones adoptadas a fin de esclarecer judicialmente los hechos que justifican la adopción de medidas cautelares y remover los factores de riesgo.

Estos hechos tienen su origen en la ambición desmedida de la Familia Morales Arias que pugnan por la venta de las tierras que ancestralmente le pertenece a los ixcatecos. Esto en colusión con funcionarios estatales y federales quien sin previa consulta a la comunidad indígena pretenden ceder 1,356 hectáreas, a la comunidad  de Chalcatongo de hidalgo a cambio de varios millones de pesos.

La comunidad  de Santo Domingo Ixcatlán que a 11 años de tan dolorosos sucesos han conformado su autoridad  municipal y exigen que la Fiscalía General de Justicia del Estado y el Tribunal Superior de Justicia les brinden verdadera justicia, sentenciando a los procesados y ejecutando las ordenes de aprehensión. Solo así se podrá restablecer la paz social en esta comunidad marginada.

La comunidad  de Santo Domingo Ixcatlán exige que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial  y Urbano (SEDATU) cree un mecanismo para evitar que grupos con intereses mezquinos lucren con los programas mediante el cual tratan de resolver añejos conflictos agrarios, como en el caso de la comunidad  de Santo Domingo Ixcatlán en la que la ciudadana Alma Morales Arias usurpando el cargo se autonombra Comisariada de Bienes Comunales para allegarse del recurso económico que la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano ofrece.

ATENTAMENTE.

José Castañeda Martínez

Representante de los Beneficiarios de Medidas Cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Maurilio Santiago Reyes

Presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas a.c