Exigen abogados a diputado César Morales una disculpa pública por calificarlos de “ruines y estafadores”

Juan Carlos MEDRANO

Los Colegios de abogados y abogadas oaxaqueños y abogados independientes del Foro Jurídico Oaxaqueño, exigieron al presidente de la Mesa Directiva del Congreso, diputado César Morales Niño una disculpa pública después de calificar a los juristas de “ruines y estafadores”.

En conferencia de prensa, los abogados Arturo Vásquez Urdiales, Juan José Meixueiro, Jorge Franco Jiménez; entre otros, reprobaron las declaraciones del legislador del Partido del Trabajo (PT).

Consideraron que el representante popular emitió esos juicios porque “abogados de Tezoatlán de Segura y Luna ganaron un caso y hoy al señor diputado le duele”.

Adelantaron que acudirán al Congreso del estado para declararlo como una persona no grata.

Asimismo,  señalaron que ante  irresponsables declaraciones emitidas en contra de las y los abogados el día martes 14 de mayo en una estación de radio, piden al diputado local César Morales Niño  del Partido del Trabajo (PT), una  disculpa pública.

Lo anterior, porque denostó gravemente a los profesionales del Derecho en el estado de Oaxaca y de toda la República Mexicana.

Puntualizaron que el diputado César Morales Niño exhibe su ignorancia y el desconocimiento de las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales y en los artículos 1º y 5º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 1º., 2º., 3º. y 12 de la Constitución local, violentando los derechos fundamentales y los derechos humanos de los profesionales del Derecho.

Esto ya que señaló que todas las autoridades federales, estatales y municipales están obligados a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas que radican o transiten en la República Mexicana, de conformidad en los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, quedando prohibida toda discriminación que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto menoscabar los derechos y libertades de las personas, respetando el derecho fundamental a la libertad de trabajo, siendo lícito el desempeño de la abogacía.