Emite CNDH recomendación a Gobierno de Oaxaca por hechos violentos en Nochixtlán

Al presentar la Recomendación 7VG/2017 por los hechos de violencia en Nochixtlán, Oaxaca, el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, señaló que el operativo destinado a liberar vialidades estuvo indebidamente diseñado, preparado, coordinado y ejecutado, en que no se observaron plenamente los protocolos de actuación, en especial por lo que hace al uso legítimo de la fuerza y a la necesidad de priorizar el uso de mecanismos y técnicas no violentas antes de emplear la fuerza contra la población en los enfrentamientos ocurridos en Nochixtlán, Huitzo y Hacienda Blanca y Viguera.

Destacó que como consecuencia de ello hubo 7 personas fallecidas, 174 pobladores lesionados (149 en Nochixtlán de los cuales 45 fueron por arma de fuego, 9 en Huitzo y 16 en Hacienda Blanca, uno fue por arma de fuego); 171 pobladores fueron afectados físicamente por gas lacrimógeno (84 en Nochixtlán, 25 en Huitzo y 62 en Hacienda Blanca); 108 pobladores fueron afectados psicológicamente (86 en Nochixtlán, 6 en Huitzo y 16 en Hacienda Blanca) y 43 pobladores fueron afectados patrimonialmente (25 en Nochixtlán, 5 en Huitzo y 13 en Hacienda Blanca).

También, hubo 106 elementos policiales lesionados (74 en Nochixtlán, de los cuales 4 fueron por arma de fuego, 13 en Huitzo, 5 en Hacienda Blanca y Viguera y de 14 se desconoce el lugar).

Tampoco se supervisó adecuadamente a los elementos policiales estatales antes del operativo, por lo que algunos acudieron armados. Y otros no estaban debidamente capacitados, como son los casos de los 30 integrantes de la Banda de Guerra, uno de los cuales resultó herido por arma de fuego, y de personal administrativo, entre el que estuvo una mujer policía que corta el cabello a sus compañeros, además de otros que tenían más de 24 horas laborando y no contaban con el equipo completo, lo que dio como resultado que el 15% de ese personal resultara lesionado.

Además, hubo mala coordinación entre las corporaciones policiales participantes e inexistente cadena de mando clara de responsabilidades y de toma de decisiones, así como falta de análisis de inteligencia que considerara el día del operativo, posible respuesta de pobladores, posibles afectaciones a terceros ajenos a los hechos, y la ubicación de instalaciones hospitalarias y escolares, entre otros aspectos, lo que derivó en que la fuerza letal fuera empleada de manera desordenada, arbitraria y a consideración individual de cada policía.

La Recomendación 7VG/2017 de la CNDH sobre violaciones graves a derechos humanos por los hechos ocurridos el 19 de junio de 2016 en Asunción de Nochixtlán, San Pablo Huitzo, Hacienda Blanca y Trinidad de Viguera, en el estado de Oaxaca, está dirigida al Gobernador de esa entidad, al Comisionado Nacional de Seguridad, al Procurador General de la República y al Fiscal General de dicha entidad.

El Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, quien estuvo acompañado por el Segundo Visitador General, Enrique Guadarrama López, puso de manifiesto que lo que parecía un operativo más para liberar vialidades, encabezado por la Policía Federal, derivó en hechos que implicaron violaciones graves a derechos humanos, que inclusive afectaron a terceros que no participaban activamente en el bloqueo, incluidos niñas, niños y adolescentes, mujeres y personas mayores, además de que varias personas perdieron la vida y otras resultaron heridas como resultado de los hechos de violencia.

Enfatizó que las instituciones policiales representan una de las herramientas más importantes para hacer valer el Estado democrático de derecho, pero pueden convertirse en pasivo si no funcionan sujetas a estándares profesionales y a la rendición de cuentas, además de que deben operar sobre las bases de un mandato claro, un sistema de carrera profesional con los derechos adecuados para esa función y múltiples mecanismos de control internos y externos.

Adicional al contenido de la Recomendación, puso de manifiesto la conveniencia de crear entidades públicas de supervisión externa de los cuerpos policiales, tanto federales como locales, que cuenten con un consejo ciudadano de vigilancia y cuyo mandato incluya la investigación sobre las conductas de sus integrantes, la revisión sobre las investigaciones internas de las mismas, la evaluación y monitoreo permanente del desempeño policial, el desarrollo de modelos de interpretación y propuestas de mejora institucional inspirados en las mejores prácticas policiales aceptadas internacionalmente y la publicación regular de reportes y recomendaciones.

La Comisión Nacional recabó, asimismo, 873 fotografías y 318 videos del día de los hechos y se levantaron 1,052 actas circunstanciadas; de ellas, 689 corresponden a testimonios de civiles, muchos de los cuales reservaron su nombre y 161 de elementos policiales, entre ellos policías lesionados, policías al mando de las corporaciones y particularmente a 23 policías que accionaron sus armas de fuego pertenecientes a la Gendarmería.

González Pérez dijo que, tras su investigación, la CNDH determinó que hubo afectación generalizada que impactó el tejido social de la colectividad, y que fueron vulnerados, entre otros derechos, los relativos a la vida, a la libertad a la integridad y seguridad personal, al principio del interés superior de la niñez, a una vida libre de violencia, al acceso a un recurso efectivo, así como a la justicia y a la verdad.

En acto efectuado en el Centro Nacional de Derechos Humanos (CENADEH), el Ombudsman nacional expresó que sobre la investigación de los posibles delitos derivados de esos hechos de violencia, la CNDH advirtió la existencia de diversas omisiones en las diligencias de investigación e inobservancia a la normatividad aplicable por el personal ministerial de la Fiscalía estatal, las cuales no han sido subsanadas en su totalidad por la PGR, que atrajo la carpeta de investigación y en más de un año no ha realizado diversas diligencias necesarias para conocer la verdad y determinar responsabilidades. Precisó que aún falta la reconstrucción de hechos y la toma de declaraciones de testigos y víctimas.

Destacó que la investigación de los hechos debe ser de cara a la sociedad para generar confianza, y las sanciones a los responsables son fundamentales; también deben diseñarse y ejecutarse esquemas adecuados para la reparación integral a las víctimas, tanto en lo individual como en lo colectivo.

González Pérez enfatizó que la CNDH no se pronuncia ni se ha pronunciado por el incumplimiento de la ley o porque la misma sea objeto de negociación, sino ratifica su convicción sobre la necesidad de que el debido cumplimiento y aplicación de la ley sea la pauta que rija efectivamente las relaciones entre la sociedad. Se pronunció porque todas las conductas delictivas, tanto imputables a autoridades como a particulares, deben ser debidamente investigadas, los responsables juzgados conforme a derecho y sancionados. “Sólo en el marco de la ley los derechos humanos pueden ser plenamente vigentes y lograremos el entorno de paz que requiere nuestra convivencia social”, aseguró.

En su oportunidad, el Segundo Visitador General, Enrique Guadarrama López, expuso los aspectos técnicos de la Recomendación, como el contexto en que ocurrieron los hechos, la calificación de los mismos como violaciones graves a derechos humanos, pormenores de la investigación de la CNDH, una cronología de los hechos y el actuar de quienes estaban al mando de las corporaciones policiales participantes, la reconstrucción de cómo ocurrieron las violaciones graves a los derechos humanos, la reparación integral a los mismos y los puntos recomendatorios.

La CNDH dirigió un total de 26 puntos recomendatorios a las cuatro autoridades destinatarias de la Recomendación, tendentes a garantizar que la verdad y la justicia lleguen a este caso, se deslinden responsabilidades y se apliquen las sanciones correspondientes; se reparen los daños y afectaciones a las víctimas, se atiendan los problemas socioeconómicos existentes donde ocurrieron los hechos y, de manera enfática, se prevenga la repetición de hechos similares.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos subraya que es claramente posible y compatible la observancia del Estado de Derecho con el respeto a los derechos humanos y la aplicación de la justicia, y se pronuncia por buscar esquemas de recomposición del tejido social y por fortalecer el entorno de paz y legalidad tanto en Oaxaca como en las demás partes de nuestro país.

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